Durante el último fin de semana, un nuevo episodio de violencia en Ayacucho generó alarma en la comunidad. En imágenes que circularon ampliamente por redes sociales, se observa a un grupo de personas, incluidos menores de edad y adultos, en el marco de una gresca contra un indivuo. Lo que llamó particularmente la atención fue la participación de un sujeto con una remera identificatoria de “control”, presumiblemente un agente de seguridad privada. En el lugar no se advirtió presencia policial, tampoco heridos de gravedad.

El incidente, según trascendidos, estaría relacionado con un conflicto previo registrado afuera del Club de Pesca con los mismos involucrados. En ese episodio, un joven fue agredido y las grabaciones también circularon entre los vecinos. En esta ocasión, lo que agrava la situación es la implicación directa de un miembro del personal de seguridad en la agresión, una problemática que, según testimonios, no sería aislada. Semanas atrás, otro joven habría sido golpeado por posibles agentes de seguridad durante la salida de una fiesta, resultando hospitalizado, aunque las autoridades no han emitido declaraciones al respecto.

La creciente preocupación por estos hechos ha llevado a concejales locales a plantear medidas para regular y supervisar a los agentes de seguridad de eventos. Entre las iniciativas que se discutirían, se incluirían requisitos de capacitación, antecedentes de los contratados y un control más estricto sobre su desempeño. Todo se da en el marco del incremento de ventos de fin de año y que ocurrirán durante el verano.

Ayacucho atraviesa un momento crítico en cuanto a seguridad pública. Los reiterados enfrentamientos y disturbios, sumados a la falta de denuncias, disparos de armas de fuego e intervenciones policiales, evidencian una preocupante ausencia de respuestas concretas. Casos de personas actuando bajo los efectos de sustancias y generando disturbios refuerzan esta sensación de descontrol.

A la falta de prevención se suma un problema estructural: la insuficiencia de personal policial. El traslado frecuente de efectivos a otras localidades deja a Ayacucho con recursos limitados para abordar una escalada de violencia que, según voces locales, “podría terminar mal si no se actúa a tiempo”.