En los últimos años, la agudización de la crisis económica, derivada de una fabulosa devaluación, recesión, baja en el salario real de los trabajadores e inflación, generó un impacto que aún no fue medido debidamente ni analizado por los especialistas: el aumento del contrabando fronterizo de celulares, autopartes, repuestos de automotores, cargamentos de cigarrillos, indumentaria, artículos electrónicos y de bazar, bebidas, alimentos y por ejemplo, celulares.
Sólo en los últimos tres años (2016-2018), Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró en la Frontera Norte mercadería por un valor aproximado a los 500 millones de pesos. Ese valor, ya puesto en el mercado clandestino, puede hasta quintuplicarse. Es decir, aproximarse a los 2.500 millones de pesos.
Si tenemos en cuenta que según funcionarios del ministerio de Seguridad, entre el 50 y el 60% de la mercadería de contrabando logra sortear los obstáculos desplegados por las Fuerzas Federales y provinciales, estos números, como mínimo, se duplican.
Estas cifras magnifican realmente el problema que representan para una buena parte de las economías regionales que viven de lo producido a través de las PYMES locales.
Es evidente que este tipo de mafias -que se alimentan con los millones de dólares que obtienen de ganancias- son parte de una industria ilegal que está al acecho para sacar provecho de una situación que castiga a buena parte de la población que se ve obligada a volcarse a las segundas, terceras y hasta cuartas marcas; o al consumo de productos que se comercializan a valores significativamente menores a los del mercado legal, por ser producto de un delito.
Guste o no, este es un dato objetivo de la realidad que se sabe, siempre existió pero que los dos últimos años se profundizó.
Sólo en cigarrillos, Prefectura decomisó el año pasado cargamentos valuados en más de 50.000.000 pesos. Una cifra muy apenas mayor a la de 2017, pero ostensiblemente más elevada a la de 2016 que fue de 13.000.000.
El rubro “objetos varios”, dónde están incluidos los celulares y otros equipamientos electrónicos, en 2018 se decomisó mercadería por unos 70 millones de pesos, cinco millones más que 2017 y 35 millones más que en 2016.
Respecto del tráfico de indumentaria y calzado, que tanto perjudica a la producción PYME, los valores secuestrados entre 2016 y 2018 alcanzaron los más de 40.000.000 de pesos.
Noticia de Infobae.
