Policías de Misiones y miembros de la Unidad Cibercrimen allanaron este martes la casa del diputado provincial Germán Kiczka, de Activar, por orden de la justicia provincial.

La causa se inicia en febrero de este año cuando la justicia federal con orden desde Buenos Aires allanó el domicilio de su hermano y su padre, en la ciudad de Apóstoles, también por tenencia de pornografía infantil.

En ese allanamiento se secuestró una computadora personal del diputado misionero. Luego de realizar los registros en esa computadora se detectaron indicios de que podría haber compartido y descargado material pornográfico de menores de edad.

Esa sospecha disparó una investigación de la Policía, Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos. Luego de reunir pruebas se elevó al juez Penal N° 4, Miguel Farías, quien dictó la orden de allanamiento.

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Fuentes al tanto de la investigación informaron que buscan pruebas de pedofilia, incesto y zoofilia tanto en los teléfonos celulares como en las computadoras encontradas en la vivienda del legislador mano derecha de Pedro Puerta, hijo del ex gobernador de Misiones en los años 90.

Según trascendió, en el allanamiento al diputado se encontraron, además de archivos, revistas, juguetes o elementos sexuales.

Al ser diputado provincial, el dirigente tiene fueros que impiden su detención, pero de acuerdo a los resultados de la causa, pueden activarse otros mecanismos para “desaforarlo” y someterlo a la justicia como civil. El juez podría solicitar a la Legislatura que le quiten los fueros para citarlo a declarar, procesarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

También se allanó este martes, en forma simultánea, la vivienda del padre y el hermano de Kiczka. En el mes de febrero, en el marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron en el barrio Illia de Apóstoles el domicilio del padre y el hermano del diputado Kiczka, donde hallaron material.

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Este operativo se dio en el marco de una investigación que encabeza la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución y comercialización de material sexual infantil.

La investigación surge a raíz de la denuncia efectuada por el Centro Internacional de Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos y la “Coalición De Rescate Infantil” del mismo país.

El tráfico de pornografía infantil es un delito que crece en todo el mundo y muy difícil de detectar debido a que los involucrados comparten material mediante programas encriptados que requieren de claves para acceder.

El área de Cibercrimen de la Policía usa programas de intercambio de archivos peer-to-peer (P2P) que permiten compartir archivos directamente entre sí sin necesidad de un servidor central. Los usuarios pueden buscar, descargar y compartir archivos dentro de la red.

Usando un software autorizado por convenios internacionales, especial para este tipo de crimen, se logró monitorear las redes P2P. Al descargar o compartir archivos, los usuarios revelan sus direcciones IP. Las fuerzas de seguridad registran estas direcciones IP y las asocian con la actividad ilegal detectada.