Los investigadores encontraron que todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados, y que, en realidad, el material médico había vencido más de un año antes de su importación al país, por lo cual correspondía considerarlo un residuo peligroso, altamente riesgoso para la salud de los potenciales usuarios.
A partir de allí, y sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados, la Aduana comenzó un minucioso estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado. Así, se rastreó un cargamento que en el 2020 había sido exportado desde el territorio argentino con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, radicada en el interior de nuestro país. En dicha exportación, los tests habían sido declarados a un valor de u$s2 por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo.
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Aduana evita contrabando de tets falsos de Covid-19
El organismo que dirige Guillermo Michel luego determinó que los mismos productos fueron exportados nuevamente por un rulo de importación, pero ya vencidos y a un exorbitante valor de u$s10 cada uno —es decir, un incremento del 500% al sólo efecto de transferir ilícitamente importantes sumas de divisas al exterior, a cambio de residuos nocivos para la salud de la población.
Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, se presentó una denuncia ante la Justicia. De esta manero, han intervenido el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Dr. Miguel Schamun.
Se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, como así también documentación y equipamientos tecnológicos. Además, la Aduana ha realizado consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes.
A partir de las irregularidades detectadas, entonces, se ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020.
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