En un despliegue policial llevado a cabo en la tarde-noche de ayer martes, las autoridades lograron resolver un caso de usurpación de vivienda en Ayacucho. El incidente, que involucró a una familia, tuvo lugar en un domicilio que recientemente había quedado sin propietario debido al fallecimiento de su dueño.
Según testimonios de allegados al difunto propietario, detallaron a este portal que tomaron conocimiento de la usurpación y de inmediato se comunicaron con la Policía para reportar el hecho. Además, familiares cercanos se unieron a la intervención con el objetivo de recuperar la posesión legítima del inmueble.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles específicos sobre la usurpación en sí, pero se ha podido establecer que la familia usurpadora tenía la intención de instalarse en la propiedad. Sin embargo, ante la rápida acción de las autoridades y el apoyo de los allegados del propietario fallecido, se logró poner fin a esta situación ilegal.
Este caso se suma a una serie de situaciones de usurpación de viviendas que han ocurrido en la ciudad de Ayacucho, agravando el problema habitacional que enfrenta la región en la actualidad. La escasez de viviendas y la demanda creciente han generado un clima propicio para este tipo de delitos.
En este contexto, es importante destacar que el Intendente Emilio Cordonnier ha promulgado en pandemia una ordenanza (5500/20) que retira la asistencia municipal y los beneficios económicos a personas y organizaciones sociales que participen o fomenten las usurpaciones de terrenos y propiedades, ya sean públicos o privados. El proyecto fue presentado por el oficialismo y aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.
De acuerdo con el Código Penal Argentino, en su Artículo 181° se contempla el delito de usurpación de terrenos y propiedades, estableciendo que aquel que, mediante violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad, despoje a otro de la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con una pena de prisión de seis meses a tres años. Asimismo, el código penal también castiga la destrucción o alteración de los límites de un inmueble con el fin de apropiarse de él, así como la perturbación de la posesión o tenencia mediante violencia o amenazas.
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