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CFK pidió que excluyan a Máximo y Florencia en el decomiso de bienes
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si confirma el decomiso de 19 bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, que fijó un perjuicio al Estado cercano a los 684 mil millones de pesos.
Un fallo clave tras la condena a Cristina Kirchner
La disputa judicial por el patrimonio de la familia Kirchner ingresó en una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal analizará si es legal avanzar con el decomiso de bienes que hoy figuran a nombre de los hijos de la expresidenta, como parte de la ejecución de la sentencia dictada en la causa Vialidad.
La intervención del máximo tribunal penal se activó luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) concediera los recursos de apelación y elevara el expediente para su revisión.
El perjuicio al Estado y la etapa de ejecución
El TOF 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, ratificó que el daño económico al Estado —actualizado a casi 684.000 millones de pesos— se encuentra firme y en plena etapa de ejecución.
Sin embargo, los jueces habilitaron el análisis sobre si ese decomiso puede alcanzar bienes que actualmente pertenecen a terceros que no fueron imputados ni juzgados en la causa, pero que recibieron las propiedades mediante cesiones y sucesiones.
Los planteos de las defensas
La defensa de la exmandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que la medida contradice fallos previos y constituye un “avasallamiento” de tratados internacionales, en particular de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En paralelo, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, denunció la inconstitucionalidad del decomiso por afectar bienes de origen lícito y vulnerar el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.
Qué deberá resolver Casación
La Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá definir si corresponde aplicar un modelo de decomiso amplio y por valor equivalente sobre activos que hoy pertenecen a personas ajenas al juicio.
Los inmuebles, ubicados principalmente en Río Gallegos y El Calafate, permanecen inscriptos de manera preventiva, mientras las defensas anticiparon que recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales si el fallo resulta adverso.
