Un vecino de Ayacucho enfrenta un inminente desalojo dispuesto por la Justicia y asegura que, de concretarse, quedará en la calle junto a su hijo de seis años, en medio de una situación social crítica y sin respuestas del municipio.
Se trata de Maximiliano López, quien vive desde hace siete años en una vivienda que, según explicó, alquiló inicialmente sin saber que pertenecía al ámbito municipal. Con el paso del tiempo, la situación derivó en un conflicto judicial que terminó con una orden de desalojo ya notificada.
El hombre relató que, al ingresar a la propiedad, realizó mejoras para poder habitarla, como arreglos estructurales, limpieza y conexiones básicas. Sin embargo, señaló que el conflicto comenzó cuando la Municipalidad tomó conocimiento de la ocupación, sin previamente haber actuado con otros inquilinos en el lugar.
López también indicó que, a raíz del proceso judicial, debió renunciar a su trabajo como empleado municipal, lo que agravó aún más su situación económica. Actualmente se encuentra desempleado y sostiene a su familia con asistencia alimentaria escolar.
“Si me sacan, me voy a quedar en la vereda porque no tengo dónde ir”, expresó, al tiempo que pidió intervención urgente del área de Desarrollo Social para encontrar una solución habitacional que evite que su familia quede en la calle.
El vecino aseguró haber mantenido contactos con concejales y autoridades, aunque afirmó que hasta el momento no obtuvo respuestas concretas. También planteó la necesidad de acceder a un terreno o a una alternativa que le permita resolver su situación de forma definitiva. Ademas, busca trabajo de forma urgente.
Mientras tanto, el desalojo podría ejecutarse en cualquier momento, lo que genera incertidumbre y preocupación en torno a un caso que expone las dificultades de acceso a la vivienda en la ciudad y la falta de control en viviendas entregadas.
Cabe mencionar que en pandemia, Ayacucho aprobó la Ordenanza 5500/20 impulsada por el intendente Emilio Cordonnier, que establece quitar beneficios, exenciones y asistencia municipal a personas u organizaciones que participen o fomenten usurpaciones de terrenos públicos o privados. La medida fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante y apunta a proteger la propiedad.
