La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta una denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público tras el operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria, realizada el miércoles último en las cercanías del Congreso Nacional. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de Buenos Aires.

Dalbón solicitó ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, que incluye el uso de gas pimienta contra una niña de diez años durante la protesta. Según las imágenes difundidas por los medios, la niña, que se encontraba agachada para protegerse junto a su madre, fue rociada por un policía.

La denuncia se basa en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos a quienes dicten resoluciones o ejecuten órdenes contrarias a la Constitución o leyes nacionales o provinciales, o incumplan las leyes cuyo cumplimiento les corresponde.

Además, la funcionaria del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por presunta violación de deberes de funcionario público en relación con los mismos hechos. Esta denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García, y está a cargo de la jueza federal María Servini.