El Gobierno nacional decidió derogar una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos y las empresas de la Administración Pública Nacional a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes en avión.
Se trata de una decisión que va en sintonía con medidas anteriores que apuntan a “desregular el mercado, permitiendo una competencia abierta y eliminando la preferencia por empresas estatales en contrataciones públicas”, lo que modifica significativamente las prácticas de gestión administrativa y contratación del Estado argentino que se hacían mediante la plataforma OPTAR.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 1017/2024 la cual introduce varios cambios relacionados con el régimen de contratación de la Administración Pública Nacional en Argentina. Estos ajustes eliminan una estructura previamente obligatoria que priorizaba a ciertas empresas estatales en la provisión de servicios de transporte aéreo.
En primer lugar, se dio paso a la eliminación de la obligatoriedad de contratación con empresas estatales. Anteriormente, el decreto 1191/2012 requería que las entidades del Sector Público Nacional contrataran obligatoriamente pasajes aéreos con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en casos excepcionales donde dichas empresas no podían ofrecer el servicio necesario. Esto buscaba privilegiar a empresas en las que el Estado era accionista.
Sin embargo, el decreto 747/2024 derogó el decreto 1191/2012, en línea con el nuevo paradigma establecido por el decreto 70/2023, que prohíbe al Estado “otorgar privilegios legales a empresas donde es accionista”. Además, ahora se deroga la decisión administrativa 244/2013, que regulaba los procedimientos para cumplir con el esquema obligatorio de uso de OPTAR S.A. (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).
Estos cambios se circunscriben a la declaración de emergencia pública en materia económica y administrativa bajo el Decreto 70/2023, que promueve la desregulación y competitividad eliminando barreras estatales. De esta forma, se elimina cualquier prerrogativa o ventaja para las empresas del Estado en los procesos de contratación. (DIB)
