El Consejo Consultivo de Educación Agraria rechaza la suspensión del Artículo 52 y alerta por el impacto en Ayacucho

El Consejo Consultivo de la Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires expresó su profundo rechazo a la propuesta de suspender el Artículo 52 de la Ley 26.058, medida que pondría en riesgo el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (ETP) en toda la provincia. Desde el CEA Nº 12, institución de referencia zonal y provincial, manifestaron su respaldo total a esta declaración y advirtieron sobre las graves consecuencias que tendría la modificación presupuestaria.

La suspensión del artículo afectaría directamente a escuelas agrarias, técnicas y centros de formación, reduciendo prácticas formativas, recursos y tecnología, y profundizando la desigualdad educativa. En Ayacucho, impactaría en la EESA Nº 1, el CEA Nº 12, el Instituto de Formación y la EEST, comprometiendo la continuidad de proyectos pedagógicos y productivos que alcanzan a cientos de estudiantes.

Facundo Arregui, director del CEA Nº 12, explicó a Radio Ayacucho que la medida dejaría sin financiamiento a unos 22.500 estudiantes y 9.400 docentes de la provincia. Señaló que el fondo de ETP sostiene insumos esenciales como elementos de seguridad, herramientas, equipamiento tecnológico y materiales para prácticas de campo y laboratorio.

Además, remarcó que el congelamiento presupuestario de los últimos años ya había generado dificultades, y advirtió que la suspensión profundizaría la brecha tecnológica entre instituciones. “Afecta directamente la calidad pedagógica de los chicos”, sostuvo, destacando que muchas escuelas no cuentan con proyectos productivos que permitan autofinanciar prácticas.

Desde el sector educativo local coincidieron en que la eliminación del fondo impactaría en las residencias estudiantiles, el mantenimiento edilicio y la adquisición de equipamiento clave, generando desigualdades entre instituciones con diferente desarrollo productivo.

Finalmente, el CEA Nº 12 reafirmó la defensa de la plena vigencia del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y del cumplimiento efectivo de la Ley 26.058, garantizando una educación pública de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades en todo el territorio bonaerense.