El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno está próximo a aprobar un decreto que habilitará el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio. El anuncio fue realizado durante un almuerzo con empresarios del Club del Petróleo, donde adelantó que la medida entrará en vigencia en las próximas semanas.
Sturzenegger defendió la iniciativa, argumentando que se trata de una cuestión de libertad y modernización. “En Argentina, YPF ya implementó el autodespacho en Rosario por necesidad, pero no debería limitarse solo a situaciones excepcionales. Este cambio permitirá a los consumidores mayor autonomía sin comprometer la seguridad”, expresó el funcionario.
El ministro también destacó que la medida busca democratizar el acceso a los servicios y anticipó otro cambio relacionado: las estaciones de servicio no tendrán exclusividad en la carga de vehículos eléctricos. Según explicó, el objetivo es permitir que este tipo de recarga pueda realizarse en diversos espacios, como restaurantes o centros comerciales, fomentando la competitividad y evitando monopolios en el sector energético.
Sin embargo, el anuncio generó preocupación entre los gremios de trabajadores de estaciones de servicio, quienes advierten sobre el impacto negativo que la medida podría tener en el empleo. Actualmente, el sector cuenta con aproximadamente 65 mil trabajadores, y la automatización del servicio amenaza con una significativa reducción de puestos laborales. Además, los sindicatos señalaron posibles riesgos asociados a la manipulación de combustibles por parte de personas sin capacitación adecuada.
La propuesta del autodespacho y la flexibilización en la carga de vehículos eléctricos forman parte de un plan más amplio de transformación del Estado, orientado a promover la desregulación y la libre competencia. El encuentro donde se presentó esta iniciativa contó con la presencia de más de 200 invitados, incluyendo directivos de las principales petroleras, empresarios y exfuncionarios del área energética.
Aunque el Gobierno asegura que estas medidas están alineadas con los principios de modernización y libertad económica, el debate sobre su impacto social y laboral continúa abierto.
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