El presidente argentino, Javier Milei, ha firmado un decreto de emergencia que abarca los sectores de generación, transporte y distribución de electricidad, así como el transporte y distribución de gas natural. La medida, vigente hasta fines de 2024, busca abordar la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras y la falta de inversiones en infraestructuras esenciales.
Reconociendo Deficiencias y Congelamiento Tarifario
El decreto reconoce deficiencias en los esquemas de remuneración a generadoras eléctricas y productoras de gas que han desestimulado inversiones cruciales. En un contexto de creciente demanda y caída en los envíos de gas boliviano, el país ha atravesado 2023 con tarifas prácticamente congeladas, generando desafíos en la disponibilidad de combustible para centrales termoeléctricas en el norte del país.
Revisión Tarifaria Integral y Participación Ciudadana
La norma establece la realización de una revisión tarifaria integral con el objetivo de equilibrar las tarifas para garantizar la rentabilidad de las prestadoras, sin sacrificar los derechos de los usuarios. Este proceso debe concluir antes del 31 de diciembre de 2024 e involucrará ajustes transitorios para garantizar la prestación normal de los servicios durante la revisión. Además, se destaca la participación ciudadana en la renegociación de tarifas, subrayando la importancia de considerar las recomendaciones de órganos de control externo.
Intervención de Entes Reguladores y Renegociación Tarifaria
A partir de enero próximo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) serán intervenidos hasta la designación de nuevos directorios en un plazo de 180 días. Los interventores tendrán la tarea de informar sobre el estado heredado del sector y comenzar la renegociación de tarifas, tomando en cuenta la participación ciudadana y las recomendaciones previas de los órganos de control externo.
Perspectivas para el Futuro del Sector Energético Argentino
El resultado de este proceso se perfila como clave para las inversiones futuras en un sector estratégico donde Argentina ha experimentado un notorio rezago. La medida busca encontrar el equilibrio necesario para asegurar la rentabilidad de las prestadoras sin comprometer los derechos de los usuarios, todo en medio de un desafiante contexto macroeconómico.
