Por otro lado, Adorni indicó que una nueva auditoría de la Agencia Nacional De Discapacidad en la provincia de Chaco detectó que de 2.344 beneficiarios, solo 365 cumplían con los requisitos para mantener el beneficio de la pensión por invalidez, por lo que 7 de cada 10 pensiones “no cumplían con los requisitos o eran fraudulentas”.“Como dijimos siempre y como venimos haciendo, toda caja que encontremos donde es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar”, concluyó.

Mariano Cúneo Libarona confirmó el despido de 2.400 contratos del Ministerio de Justicia

En consonancia con lo anunciado por el vocero presidencial, el titular de la cartera de Justicia confirmó el despido de 2.400 personas bajo “contratos irregulares”. Los mismos pertenecían al Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En detalle, ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y monopoliza la distribución oficial de los insumos necesarios para la transferencia o inscripción de un 0km o usado. Además de brindar capacitaciones, cursos y organizar convenciones entre los concesionarios miembros, el ente también es el encargado de proveer todos los formularios que se utilizan para la compraventa de automotores.

A modo de ejemplo, la asociación interviene cuando una persona se acerca a comprar un auto 0km, ya que la concesionaria que vende el vehículo obtiene todos los formularios necesarios y las chapas patente a través de ACARA. Por otro lado, en caso de que se quisiera firmar un 08 para la transferencia de un auto usado, la documentación a entregar también será distribuida por el Ente.

Este organismo se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década del 80. Durante la gestión radical, se sancionaron las leyes 23.283 y 23.412, que habilitaron los entes de cooperación técnica.

Según detalló el Gobierno, los contratos serán finalizados a partir del 31 de diciembre de 2024. Además, se eliminará el pago de “incentivos” discrecionales, que según explicaron desde la gestión libertaria, representaban una erogación anual de $15.600 millones de pesos.

Al respecto, Cúneo Libarona afirmó: “Este mecanismo, utilizado durante décadas por administraciones anteriores, permitió esquivar controles, contratar personal de manera irregular y otorgar incentivos arbitrarios, evadiendo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”.

En este sentido, el titular del Ministerio de Justicia subrayó que “el Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría”. Además, Cúneo Libarona agregó: “Estas decisiones son parte de un proceso para ajustar cada privilegio, cerrar las cajas de la política y garantizar transparencia en la Administración Pública”.