La nueva normativa establece que quienes no tengan residencia permanente deberán contar con un seguro de salud o pagar por adelantado las prestaciones que no sean consideradas emergencias. La atención ante situaciones que impliquen riesgo de vida continuará garantizada.
El Gobierno nacional reglamentó el nuevo esquema de atención sanitaria para extranjeros no residentes en los hospitales administrados por el Estado nacional. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, establece que las prestaciones que no sean consideradas urgencias deberán ser abonadas por el paciente o cubiertas por un seguro médico.
La resolución publicada este martes establece un procedimiento uniforme para los establecimientos sanitarios nacionales y surge de los cambios introducidos por el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones y estableció nuevas condiciones para el acceso a determinados servicios públicos por parte de extranjeros no residentes. (Argentina)
Las emergencias seguirán siendo atendidas
Uno de los puntos centrales de la medida es que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada ante una emergencia médica, independientemente de su situación migratoria.
Entre los casos considerados de emergencia aparecen infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias importantes, shock, insuficiencia respiratoria grave, sepsis, intoxicaciones agudas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales, entre otros.
Incluso, si al momento del ingreso existen dudas sobre la gravedad del cuadro, deberá priorizarse la atención inmediata hasta que el profesional determine si se trata efectivamente de una emergencia.
Una vez superada esa situación, las prestaciones posteriores podrán quedar sujetas al cobro correspondiente.
¿Quiénes deberán pagar?
La nueva normativa diferencia entre los extranjeros con residencia permanente y quienes no cuentan con esa condición.
Los residentes permanentes mantienen el acceso al sistema nacional de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, siempre que puedan acreditar su situación mediante el DNI correspondiente.
En cambio, los extranjeros no residentes deberán acreditar un seguro de salud que cubra la prestación o afrontar el costo de la atención.
Para consultas, estudios o intervenciones programadas sin cobertura, el hospital deberá calcular el valor de la prestación y exigir el pago del 100% del arancel antes de realizarla, de acuerdo con el nomenclador vigente de cada institución.
Si tienen seguro, el hospital podrá cobrarle a la aseguradora
En los casos en que el paciente cuente con un seguro médico o asistencia al viajero, el establecimiento sanitario podrá facturar directamente a la compañía.
La normativa establece que el hospital deberá comunicar el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas y emitir la documentación correspondiente. La empresa tendrá un plazo de 45 días corridos para efectuar el pago. En caso de incumplimiento, podrán iniciarse acciones judiciales para recuperar los costos.
Una medida que profundiza la política migratoria del Gobierno
El nuevo procedimiento constituye la reglamentación de una política que el Gobierno de Javier Milei había anunciado en 2025, cuando modificó mediante el DNU 366/2025 distintos aspectos de la Ley de Migraciones.
En aquel momento, la Casa Rosada argumentó que buscaba evitar lo que denominó “tours sanitarios” y reducir el impacto que, según el Ejecutivo, genera la atención de extranjeros que ingresan al país específicamente para utilizar servicios de salud pública. El Gobierno informó entonces que durante 2023 la atención de personas extranjeras en hospitales nacionales había representado un gasto aproximado de $114.000 millones. (Argentina)
La reglamentación vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento del sistema público de salud, el acceso universal a las emergencias y las condiciones que deben cumplir los extranjeros que no poseen residencia permanente en el país.
La medida promete generar polémica, especialmente por el debate en torno al principio de acceso a la salud pública y por la decisión de establecer un sistema de cobro para determinadas prestaciones no
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