Nacionales
El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y activó un nuevo régimen de pensiones
El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y puso en marcha los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 tras declarar inválido un decreto previo que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
La reglamentación establece con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Según los considerandos, el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Además, el decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera bajo una concepción integral que incluye aspectos sanitarios, sociales, económicos y de acceso a derechos.
La norma instruye también a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. A su vez, la faculta a dictar las normas complementarias necesarias para garantizar la implementación del nuevo esquema.
Otro punto clave es la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a la vigencia del decreto, que pasarán a encuadrarse en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.
Las medidas adicionales que se definan junto al Consejo Federal de Discapacidad se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según sus competencias y disponibilidad presupuestaria. La reglamentación rige desde el 3 de febrero de 2026.
Fuente: Noticias Argentinas
