El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, tras más de 11 horas de debate.
El proyecto introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones y establece procedimientos más ágiles para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente o ante determinadas situaciones de falta de pago. Uno de los puntos centrales es la incorporación de mecanismos de desalojo más rápidos, con procedimientos sumarísimos que podrían permitir la restitución de una propiedad en plazos considerablemente menores a los actuales.
Cambios en las expropiaciones
La nueva normativa también modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con una expropiación. El objetivo declarado es reforzar el derecho de propiedad privada, restringiendo el alcance del concepto de utilidad pública y estableciendo nuevas condiciones para las compensaciones económicas.
El Gobierno cedió con la Ley de Manejo del Fuego
Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo tuvo que retirar del proyecto la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Por lo tanto, continuará vigente el esquema actual que establece restricciones al cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, incluyendo bloqueos que pueden extenderse por 30 o 60 años, según el caso.
También quedó fuera del texto aprobado el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros, otro de los puntos que generaba resistencia entre sectores de la oposición y aliados del Gobierno.
Un proyecto que llegó recortado al recinto
La iniciativa original impulsada por el Ejecutivo incluía un paquete más amplio de reformas vinculadas con propiedad privada, expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego. Sin embargo, durante las negociaciones legislativas el oficialismo debió eliminar varios de esos capítulos para alcanzar el respaldo necesario.
El proyecto aprobado representa así una versión reducida de la propuesta original, pero mantiene dos de sus ejes principales: agilizar los desalojos y modificar el régimen de expropiaciones. Ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
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