La noticia provocó el escándalo y el desbande en medio de acusaciones y desmentidas que hasta el momento dejan un final abierto y con consecuencias insospechadas en el entorno partidario en la provincia de Salta. Decenas de concejales de distintos partidos que corresponden a más de la mitad de los municipios salteños, gestionaron y hasta habrían llegado a cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) que el Gobierno nacional destinó a las personas en grave situación económica como consecuencia de la pandemia, informó El Tribuno.
No es el primer escándalo similar con cobros irregulares de la asignación para personas necesitadas en el marco de la pandemia, luego de conocerse que el concejal Héctor Sebastián Cari -de Guachipas- quien cobró los 10 mil pesos a la vista de los vecinos.
Ahora las sospechas recaen sobre 52 ediles de 32 municipios, según El Tribuno, entre ellos varios concejales del departamento San Martín que llegaron a hacerlo efectivo: Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, del oficialismo en la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria.
Con el trámite iniciado pero rechazado figuran los concejales de Salvador Mazza Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo.
El edil de El Carril Luis Carlos Coronel también está en la nómina de beneficiarios, y el concejal Walter Alberto Raposo, de Chicoana, que aparentemente realizó los trámites pero fue rechazado.
Para Coronel, que no se sabe si cobró el primer IFE, figura en la pantalla de la Anses que “el dinero fue depositado en la CBU que indicaste al momento de elegir el medio de cobro. Podrás retirarlo en cajeros automáticos según las condiciones de tu banco”.
