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Juicio “La Huerta”: el caso de un ayacuchense, presente en la sentencia
El secuestro, las torturas y el extenso cautiverio sufridos por el ayacuchense Omar Roberto Iturralde, conocido como “Bataraz”, durante la última dictadura militar quedaron oficialmente probados en la sentencia del juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como “La Huerta”, que finalizó en Tandil con ocho represores condenados, cuatro de ellos a prisión perpetua, tras más de tres años de proceso judicial y la investigación de 191 víctimas.
El caso de “Bataraz”
Según estableció el tribunal, Iturralde fue secuestrado el 18 de marzo de 1977, alrededor de las 15, mientras se encontraba en la vía pública en la ciudad de Ayacucho, por cuatro personas uniformadas pertenecientes a la comisaría local y al Ejército Argentino.
Fue reducido, esposado y trasladado en un móvil policial a la dependencia local, donde permaneció incomunicado. Horas más tarde lo llevaron a la Comisaría Primera de Tandil y esa misma noche un grupo del Ejército, al mando del mayor Pappalardo, lo trasladó encapuchado en un camión al centro clandestino “La Huerta”.
Allí fue sometido a golpes, picana eléctrica e interrogatorios, mientras le decían que “andaba con los subversivos”. Este circuito se repitió durante aproximadamente una semana, alternando traslados entre la comisaría y el predio rural.
Posteriormente fue llevado al Regimiento de Azul, a la Unidad Penal Nº 7, al Regimiento 7 de Infantería de La Plata, al penal de Olmos y nuevamente a Tandil, permaneciendo detenido ilegalmente durante más de un año y medio.
Aunque un juez federal había ordenado su liberación el 2 de noviembre de 1977, la medida fue bloqueada por una directiva militar. Finalmente recuperó su libertad el 5 de septiembre de 1978.
El tribunal determinó que su secuestro y las torturas sufridas, al igual que los casos de otras 20 personas, ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal desplegado por el Estado.
Un dato posterior que marcó a Ayacucho
Décadas después de haber sobrevivido al terrorismo de Estado, Omar Roberto Iturralde (“Bataraz”) fue asesinado en Ayacucho el 13 de julio de 2018, en un hecho ajeno al contexto de la dictadura.
Una sentencia histórica en Tandil
La lectura del fallo se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), ante más de 200 personas, entre sobrevivientes, familiares, estudiantes, organizaciones sociales y vecinos.
El proceso se había iniciado el 25 de febrero de 2022 en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata y se extendió durante más de tres años, con audiencias públicas y transmisión abierta en varias instancias.
El juicio abarcó hechos ocurridos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y otras localidades del centro de la provincia de Buenos Aires, territorio que durante la dictadura estuvo bajo control de la Subzona Militar 12.
El centro clandestino “La Huerta”
El proceso tomó su nombre del predio rural ubicado en Tandil donde, entre 1976 y 1978, funcionó uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la región.
Ese lugar fue solo una pieza de un entramado mayor: en total se identificaron 14 centros ilegales, entre ellos Monte Peloni, la Base Aérea de Tandil, comisarías locales y unidades penitenciarias como las de Azul y Sierra Chica.
Tres años de audiencias y 213 testimonios
Durante el juicio declararon 213 testigos, entre sobrevivientes, familiares y personas que aportaron datos clave para reconstruir el funcionamiento del circuito represivo.
También se realizaron inspecciones oculares en ex centros clandestinos, dependencias policiales y unidades militares. Muchos testimonios se escucharon por primera vez en un ámbito judicial.
“Antes tenía miedo de hablar, pero guardé ese recuerdo en mi memoria”, relató uno de los testigos ante el tribunal.
Las condenas
El Tribunal Oral Federal N.º 1 dictó prisión perpetua para:
- Osvaldo Héctor Repetto
- Alejandro Guillermo Duret
- Román Valdecantos
- Héctor Martínez Salgado
Otras penas fueron:
- Martín Carlos Luzuriaga: 10 años y medio
- Jorge Roberto Casares: 6 años
- Luis Ernesto Benítez: 6 años y 9 meses
- José Luis Álvarez: 5 años (en libertad)
En total, 27 imputados fueron absueltos, entre ellos un civil. En varios casos, las penas resultaron menores a las solicitadas por la fiscalía, que había pedido prisión perpetua para más acusados.
Repercusiones y reclamos
La sentencia fue recibida con emociones encontradas. Hubo aplausos, abrazos y lágrimas, pero también bronca y desilusión.
Para familiares y organismos de derechos humanos, ocho condenas frente a 191 víctimas no alcanzan para dar una respuesta judicial proporcional al daño causado.
Memoria activa
El proceso estuvo acompañado por una intensa participación social, con actividades educativas, charlas en escuelas, intervenciones culturales y eventos como el Festival por la Verdad y la Justicia, que mantuvieron el tema presente en la agenda pública.
El cierre del juicio dejó una imagen repetida en todo el país: a la voz de “pañuelos”, el público levantó los pañuelos blancos, símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de una memoria que se niega al olvido.
En Tandil, en Ayacucho y en toda la región de la Subzona 12, el juicio terminó. Pero el reclamo de verdad y justicia continúa.
