La situación de las viviendas sociales en Ayacucho sigue siendo un tema candente en el Concejo Deliberante, y recientemente se han dado a conocer las declaraciones de la concejal de Juntos, Cintia Giardini sobre las construcciones en el barrio La Feria que fueron criticadas por el bloque del Frente de Todos que informaron que el Municipio tiene frenada la obra.
Según la concejal, el contratista encargado de los techos entregó la obra en febrero, pero después se ha avanzado de forma más lenta en la instalación de servicios como luz, agua, cloacas y gas. Además, se ha licitado recientemente el revoque de las viviendas, pero Giardini insiste en que las obras no están paradas y que se están avanzando en diferentes partes, como es común en cualquier construcción.
Sin embargo, la concejal también ha señalado la falta de políticas claras en vivienda por parte de la gestión municipal, que heredó un importante déficit habitacional de años anteriores y aún no ha podido corregir completamente. Por lo tanto, aunque estas construcciones son una medida importante para atender las necesidades de un sector social urgente, todavía hay mucho por hacer en cuanto a vivienda en Ayacucho.
Giardini también ha destacado que estas viviendas son financiadas con fondos propios del municipio, y que se espera recuperar parte de la inversión a través del pago de cuotas por parte de los beneficiarios. Y aunque algunos concejales del Frente de Todos han cuestionado la lentitud de la obra, Giardini ha defendido que el progreso de las construcciones depende de la partida presupuestaria asignada y que se avanza de acuerdo con ella.
EL ESCANDALO DE VENTAS DE VIVIENDAS ADJUDICADAS
El escándalo de las ventas de viviendas adjudicadas en programas sociales ha generado gran preocupación en la comunidad y ha llevado a que los funcionarios del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la ciudad se comprometan a tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.
La concejal Giardini ha expresado su preocupación por el hecho de que esto haya estado sucediendo antes de que se hiciera público y ha señalado que es necesario tomar medidas concretas para garantizar que las viviendas sean adjudicadas a las familias que realmente las necesitan.
La propuesta presentada por el Departamento Ejecutivo consiste en la creación de una ordenanza que establezca los requisitos para la adjudicación de viviendas y que establezca sanciones para aquellos que no cumplan con los mismos. De esta manera, se espera poder garantizar que las viviendas sean otorgadas a las familias que realmente las necesitan y que no sean objeto de especulación o de ventas fraudulentas.
Entre los requisitos que se establecerán para la adjudicación de viviendas se encuentra la verificación de la situación socioeconómica de los solicitantes, así como la comprobación de que no hayan accedido previamente a un plan de vivienda en el municipio o a nivel nacional.
Si bien es cierto que esta práctica de venta de viviendas adjudicadas no es algo nuevo, se espera que con la implementación de la nueva ordenanza se puedan prevenir situaciones como estas en el futuro y se pueda garantizar que las viviendas sean asignadas a las familias que realmente las necesitan.
