En una sesión del Concejo Deliberante de Ayacucho, se aprobó un acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad y la Diócesis de Azul sobre los terrenos de la Plaza Feliciano de Vita, conocida como “Las Ardillitas”. La resolución establece que tres lotes serán entregados a la diócesis, mientras que otros dos permanecerán bajo dominio municipal.

La disputa, iniciada en 2013, surgió cuando el municipio intentó reclamar estos terrenos mediante el proceso de prescripción administrativa, basándose en el uso continuo durante más de dos décadas. Sin embargo, errores en las notificaciones y documentación obstaculizaron el reclamo legal, dejando al municipio en una posición desfavorable para continuar el litigio.

El padre Lisandro Vittola, párroco local, explicó en una entrevista que la diócesis había decidido reorganizar sus propiedades y darles nuevos usos, lo que incluyó la venta de algunos terrenos. Aclaró que la administración parroquial de Ayacucho no se benefició directamente de estas transacciones, ya que las decisiones fueron tomadas por el Obispado de Azul, que destinó los fondos a otros proyectos, como la construcción de un monasterio en Tandil.

La venta de terrenos pertenecientes a la iglesia generó cierta controversia entre los vecinos, quienes expresaron preocupación por la pérdida de espacios verdes en la ciudad. Al respecto, el padre Vittola reconoció la importancia del rol social de la iglesia y destacó que el mantenimiento de los templos y las obras parroquiales suele enfrentarse a desafíos económicos. A pesar de estas dificultades, aseguró que la iglesia continúa trabajando en favor de la comunidad, con actividades como primeras comuniones, bautismos y programas educativos en colegios.

Los concejales de Union por la Patria de Ayacucho explicaron que esta decisión, aunque dolorosa, busca “preservar al menos parte del terreno” y evitar la pérdida total de la plaza, un espacio verde usado durante décadas por los vecinos. Además, cuestionaron procedimientos administrativos del pasado, mencionando posibles irregularidades en la notificación y recopilación de pruebas.