La Justicia ordenó al gobierno bonaerense de Axel Kicillof que diseñe en cinco días un plan para vacunar a las personas privadas de su libertad, mayores de 60 años y menores con factores de riesgo frente al coronavirus.
La decisión surgió de un fallo de la Cámara en lo Contencioso de La Plata, a raíz del planteo que había hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, acompañado por Rodolfo Cipriano García.
Según la Comisión, “existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la preinscripción y la asignación de turno pero no se consiguió ni la autorización ni el traslado por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense a la posta de vacunación“.
