En una jornada marcada por fuertes tensiones políticas, el Senado de la Nación anuló el veto presidencial sobre la ley que declara la emergencia en discapacidad, medida que había sido impulsada por el Gobierno libertario. La decisión, que constituye un hecho inédito en más de dos décadas, contó con 63 votos afirmativos y apenas 7 negativos, superando ampliamente la mayoría especial de dos tercios requerida.
La norma restituida establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus principales puntos, contempla la reformulación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas, y una serie de beneficios destinados a garantizar la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad.
Durante el debate, que se desarrolló con el libertario Bartolomé Abdala a cargo de la presidencia provisoria del Senado por el viaje de Javier Milei al exterior, se escucharon fuertes cuestionamientos al veto del Ejecutivo. El senador peronista Pablo Bensusán sostuvo que la medida presidencial representaba “un rechazo brutal e inmoral” que dejaba a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad. En su intervención, remarcó que “ese gasto” cuestionado por el Gobierno es, en realidad, la diferencia entre acceder a terapias y tratamientos o quedar condenado al abandono.
La sesión también dejó expuestas fracturas internas en distintos bloques opositores y oficialistas. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aún dentro del PRO, sorprendió al justificar su posición señalando que, si bien consideraba innecesaria la ley, exigía al ministro de Salud, Mario Lugones, que actualice los aranceles para garantizar la continuidad de las prestaciones.
