Por ello, la FARN ha estado involucrada en el tratamiento de la Ley de Humedales y promueve, desde diferentes instancias, que el proyecto sea sancionado, ya que estos ecosistemas están en crisis y en alto riesgo de desaparecer.
En el caso de Argentina, el 21,5% del territorio está compuesto por diversidad de humedales; pese a ello, como en el resto del mundo, estos ecosistemas enfrentan graves amenazas como la producción agrícola y ganadera a gran escala, la minería, las actividades hidrocarburíferas, el desarrollo industrial y urbanístico, la contaminación, así como el mismo cambio climático .
Esto, ya que los humedales son la principal fuente de agua dulce en el mundo y proveen múltiples beneficios para las personas. Ayudan a mitigar la crisis climática gracias a su alta capacidad de capturar carbono, albergan gran parte de la biodiversidad de todo el planeta, amortiguan los impactos de las lluvias y son la fuente de sustento para cientos de poblaciones y para desarrollar diversas actividades productivas.
Por ello, el país necesita con urgencia que se sancione la Ley de Humedales , la cual propone, en esencia, un marco normativo de protección ambiental que garantice, tanto su conservación, como el uso respetuoso de sus recursos.
Según explica Di Pangracio, “lo que se propone es poder impulsar políticas que nos dirijan a un escenario de conservación, uso sostenible y restauración de los humedales” . Esto, a través de dos grandes herramientas: el inventario nacional de humedales y el ordenamiento ambiental de los humedales.
Esto permitiría, en primera instancia, conocer cuál es el estado de estos sistemas naturales en el territorio nacional y así poder tomar “decisiones estratégicas” para garantizar su protección y conservación; pero, además, “poder ordenar las zonas que están cubiertas por humedales en el país”.
Asimismo, esto “vendría a impulsar toda una serie de procesos participativos para que la comunidad, con diversidad de otros sectores de la sociedad civil, incluyendo el gubernamental, el científico, el empresarial, productivo, decidamos qué es lo que queremos para los humedales”, para garantizar su uso sostenible a largo plazo.
Gracias al impulso y la presión que le han dado más de 500 organizaciones a esta iniciativa, el año pasado finalmente se logró un dictamen a favor del proyecto en la Cámara de Diputados , lo cual hasta ahora no había ocurrido, ya que propuestas similares han sido debatidas por más de 10 años en el Parlamento.
Sin embargo, el proyecto no logró avanzar y ser tratado en recinto para que se le diera media sanción, lo que permitiría que posteriormente fuera llevado al Senado para que se determinara si la ley se aprobaba y, entonces, fuera sancionada. No obstante, se prevé que el debate se retome este año cuando inicien las sesiones parlamentarias.
Las trabas del proyecto
Si bien el proyecto está sustentado con información científica y jurídica, en medio del debate que se adelantó el año pasado en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, un grupo de gobernadores manifestó un fuerte rechazo a la iniciativa, bajo el argumento de que el proyecto afecta la producción económica y vulnera la autonomía de cada provincia, lo que retrasó la discusión.
A razón de ello, los mandatarios provinciales solicitaron ser parte del debate para dar a conocer su posición; sin embargo, pese a las permanentes convocatorias, estos nunca acudieron a la Cámara Baja para explicar su preocupación y para aclarar sus dudas.
Al respecto, la directora ejecutiva de la FARN explica que lo que sucedió se debe “a una falta de entendimiento de que la producción necesita de ecosistemas sanos”, ya que “los ecosistemas sanos son esenciales para sostener la vida en la tierra y el sector productivo no está exento de esto”.
Además, sostiene que hay “una falta de voluntad política, de conciencia sobre el impacto negativo que tiene en las personas el retroceso de los ecosistemas y su destrucción a diario”.
Asimismo, Di Pangracio destaca que, aunque finalmente el proyecto logró un dictamen, la presión ejercida por los gobernadores y, también, por parte del sector productivo, finalmente influyó para que la iniciativa no pudiera ser llevada a recinto durante el año parlamentario del 2022.
En este sentido, la ONG remarca que, pese a las críticas, avanzar con el proyecto es urgente, ya que es una ley “que no va en contra de la producción, sino que lo que garantiza es la conservación y un uso responsable de los humedales”, lo que obligará a las empresas a cambiar la manera de hacer las cosas, pues los sistemas actuales “van en detrimento de los ecosistemas, destruyéndolos”.
Esto significa que, con la ley, se van a establecer regulaciones, controles, así como procesos más amigables con el medioambiente, con el fin de “salvaguardar el bien común y no solo los intereses concentrados de algunos sectores, sino el bien común de toda la sociedad” .
Para ello, la normativa propone, más allá de la conservación de los humedales, que haya un uso responsable de los recursos y una restauración de estas áreas naturales. Esto, a su vez, significa preservar sus funciones ecológicas y eliminar los factores que los ponen en riesgo o amenazan, para que “puedan seguir cumpliendo con sus funciones naturales, lo que redunda en beneficios para las personas”.
Esto implica, por ejemplo, que se desarrolle turismo sostenible, pesca artesanal, iniciativas agroecológicas, desarrollo inmobiliario que no sea a gran escala “sino que vaya en línea por el respeto a la integridad ecológica de los ecosistemas”, como resalta la abogada y especialista en derecho ambiental, en entrevista para este diario.
En este sentido, la ley, a su vez, permitirá determinar qué tipo de actividades se pueden desarrollar en estos ecosistemas, cuáles deben ser las estrategias a implementar para su protección y conservación, así como promover procesos de restauración en aquellos humedales que se encuentran en grave retroceso.
Por eso es tan importante que, tanto la sociedad civil como quienes tienen el poder de tomar decisiones, comprendan la urgencia de frenar las actividades productivas que degradan sin control los recursos naturales, lo que a su vez conlleva a agudizar la crisis climática y, en ese sentido, se comiencen a tomar medidas para poder revertir los graves efectos que esto deja tanto para el medioambiente como para la humanidad.
Se sigue priorizando la economía en detrimento de la salvaguarda y la salud de los ecosistemas y de la biodiversidad que es esencial para las personas por la diversidad de beneficios que nos proveen, como para también sostener diversidad de medios y modos de vida de comunidades enteras a lo largo del país.
Por ello, desde la FARN buscan “seguir generando conciencia” sobre la importancia de avanzar en un marco normativo para la protección y conservación de los humedales, pues son leyes que son determinantes “para ecosistemas tan críticos y que están en una emergencia tan grave”.
Esto a su vez implica, no solo que se logre sancionar la Ley de Humedales , también que se destine un financiamiento para su ejecución y, asimismo, que se implemente en su totalidad y a nivel nacional la norma.
Por ello, es esencial que el proyecto vuelva al debate este año, mientras tenga estado parlamentario, para que obtenga media sanción y luego pase al Senado; si no se exigen cambios, finalmente la ley, después de 10 años de discusiones, sea aprobada.
En este sentido, Di Pangracio remarca que “hay que seguir haciendo presión”, porque “también está el riesgo de que finalmente no se trate este año”, ni en la Cámara Baja ni en el Senado, lo que volvería a archivar el proyecto; pero, sobre todo, a dilatar aún más una ley que es necesaria para “detener y revertir la crisis que atraviesan los humedales”, uno de los sistemas naturales más ricos y frágiles en todo el planeta.
