La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. Para que la norma quede firme, ahora será el Senado el que deberá reunir dos tercios de los votos y revertir definitivamente la decisión del Ejecutivo.

Previo al debate, el vocero Manuel Adorni adelantó que el Gobierno evalúa un incremento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, el sector atraviesa una situación crítica marcada por recortes, demoras en los pagos y falta de cobertura, lo que afecta directamente a familias, profesionales y acompañantes terapéuticos.

Desde Ayacucho, el profesor en educación especial José Cirelli manifestó que el panorama es “muy difícil”, con cuidadores y terapeutas que llevan meses sin cobrar. Explicó que muchas familias deben afrontar entre $150.000 y $200.000 mensuales en gastos, sin poder cubrir otras necesidades básicas. “He recibido mensajes de madres que hace tres o cuatro meses no logran atención para sus hijos, y los chicos entran en crisis. Es una realidad que desde otros países no se entiende cómo sucede”, señaló.

Cirelli remarcó que la discusión no solo involucra derechos, sino también empatía social. “Hay que pensar lo que significa vivir con una persona con discapacidad. No es solo un tema de política, es de humanidad. Si se veta la ley, la situación de quienes reciben y brindan prestaciones será todavía más grave”, advirtió.

El Senado será el ámbito donde se defina el futuro de la norma, en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno y organizaciones que reclaman la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.