Tras un aumento de casos de coronavirus en varias partes del país, especialmente en la Costa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el Gobierno tomó la decisión de imponer un toque de queda sanitario que restringirá la circulación de las personas en horario nocturno para intentar bajar los riesgos de contagios.

El artículo 4 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 que Alberto Fernández firmó al principio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo de 2020 dice: “cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio' o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal“.

El Artículo 205 del Código Penal establece una pena de seis meses a dos años para el que infringe la normativa. Además, la persona podría quedar sujeta a “medidas patrimoniales para garantizar bienes” ante posibles demandas civiles.