Finalmente, el presidente Javier Milei envió al Congreso este miércoles la Ley Ómnibus que denominó “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi.
El proyecto que será tratado en sesiones extraordinarias conforma la tercera y última parte del plan de reformas que busca implementar el Jefe de Estado, quien incluso aseguró que la Ley Ómnibus abarca gran parte de sus propuestas.
En total, la Ley Ómnibus contiene 664 artículos, entre los que además ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia de Desregulación Económica presentado la semana pasada por el presidente.
La nueva reforma busca modificar más de una veintena de leyes, entre las que se propone, por ejemplo, declarar “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público, lo que afectará a más de 40 compañías estatales. Asimismo establece la eliminación del Inadi.
Además, propone actualizar las jubilaciones, a fin de que se suspenda la actual fórmula de actualización de haberes y se faculte al Poder Ejecutivo para que diseñe un nuevo esquema. Igualmente establece la modificación de la Ley Micaela y la derogación de las leyes 26.801 y 24.800 que crearon el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro.
También establece que los funcionarios públicos no puedan “utilizar el cargo, los recursos y/o las relaciones institucionales inherentes al mismo con fines de promoción personal o político partidaria, y/o para incidir indebidamente sobre el resultado de una elección”.
El proyecto también plantea la actualización de la fórmula que define el número de Diputados, fijar en 15 % las retenciones para todas las exportaciones, un arancel a extranjeros no residentes en la universidad pública, e impulsa un amplio blanqueo de capitales para incentivar el ingreso de divisas al sistema financiero.
Otras propuestas
Asimismo, el proyecto propone, entre otros puntos, que se permita la reventa de entradas deportivas, la eliminación de las PASO, que se apruebe el Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal.
Al igual que prisión de uno a tres años y seis meses para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
