El pasado viernes, el Gobierno argentino anunció un plan integral para intervenir los principales Registros del Automotor del país, marcando un hito en la reorganización de los organismos públicos. El proceso, liderado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, incluye la remoción de los actuales interventores y la designación de nuevos responsables en 141 registros.
El pedido de intervención fue presentado formalmente por el secretario de Justicia, Carlos Medina, y firmado por el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Carlos Medina. Esta medida abarca un total de 1.557 registros de la propiedad automotor en Argentina, un país que mensualmente registra alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones entre vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinaria agrícola.
El sistema registral, dependiente de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y bajo la órbita del Ministerio de Justicia, ha sido objeto de críticas sostenidas debido a su naturaleza burocrática, su ineficiencia, los altos costos asociados y su complejidad. Además, se ha cuestionado su presunta vinculación con prácticas políticas, ya que algunas asignaciones estarían ligadas a exfuncionarios o sus familiares.
La intervención de los registros automotores fue uno de los ejes de la campaña electoral del partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei. Este partido ha criticado el sistema, incluyéndolo en los privilegios de la “casta política” y prometiendo su cierre, junto con la eliminación de impuestos y aranceles asociados a patentamientos y transferencias de vehículos.
Entre los registros que están próximos a ser intervenidos se encuentran varias ciudades como Bahía Blanca, Berazategui, Brandsen, Coronel Suárez, Esteban Echeverría, Ezeiza, Guaminí, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Medanos, Merlo, Morón, Olavarría, Olivos, Punta Alta, Quilmes, Roque Pérez, Salto, San Fernando, San Martín y Tigre.
Este paso del Gobierno busca reformar un sistema que ha sido objeto de críticas durante mucho tiempo y cumplir con las promesas de campaña de reorganización de los organismos públicos. Sin embargo, esta medida seguramente generará debates y reacciones en diversos sectores de la sociedad argentina.
