La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a endurecer su postura contra el oficialismo y un grupo de gobernadores a quienes responsabiliza por haber garantizado los votos necesarios para la media sanción de la reforma laboral en el Congreso. El proyecto deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva y el clima político ya suma nuevos cruces.
Octavio Argüello, integrante del triunvirato que conduce la CGT, aseguró que el avance de la iniciativa fue posible gracias a acuerdos entre el Gobierno y mandatarios provinciales. “Fuimos, hablamos con todos los gobernadores, nos juntamos con todos los senadores y diputados, y ellos tomaron la decisión de acompañar”, afirmó en declaraciones radiales.
El dirigente sostuvo que el respaldo de legisladores vinculados al peronismo fue determinante. “Lo que más duele es que gobernadores y diputados que entraron por el voto peronista ahora acompañen una ley totalmente regresiva”, expresó.
Argüello mencionó puntualmente a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres y Claudio Vidal, a quienes atribuyó haber facilitado los votos en la Cámara alta. Según planteó, el respaldo habría estado vinculado a negociaciones por obras o financiamiento. “No se puede vender la dignidad del pueblo por una zanja cuneta y dos metros de asfalto”, lanzó.
Desde la central obrera indicaron que intentaron abrir instancias de diálogo antes del tratamiento legislativo, pero que no obtuvieron respuestas. “Primero nos atendieron, después no nos atendieron más”, sostuvo el dirigente, quien afirmó haber solicitado reuniones formales sin éxito.
En paralelo, cuestionó la falta de una oposición articulada y habló de una crisis política general. “Nos falta una fuerza política. La política está totalmente en crisis, tanto el oficialismo como la oposición”, señaló.
Sobre el impacto económico, Argüello aseguró que en los últimos dos años se perdieron cerca de 270 mil puestos de trabajo y que más de 2.000 pymes cerraron. A su entender, la reforma beneficia a grandes empresas y multinacionales. “Las mismas pymes están en contra de esto”, remarcó.
