El Senado abrió este miércoles el debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo y bloques dialoguistas, en una sesión que comenzó pasadas las 11 y que se anticipa extensa y cargada de tensión política. Con 38 legisladores presentes, el oficialismo consiguió el quorum tras intensas negociaciones con gobernadores provinciales y la CGT, que permitieron introducir cambios clave al proyecto original.
Salvo el bloque de Unión por la Patria y los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, el resto de las bancadas acompañó el inicio del tratamiento. En paralelo, la CGT se moviliza en las inmediaciones del Congreso en rechazo a distintos puntos de la iniciativa, lo que suma presión a una jornada que será determinante para la agenda laboral del Gobierno.
Uno de los focos más sensibles era el capítulo fiscal. Las provincias habían advertido que, de aprobarse el texto inicial, podrían perder alrededor de $1,9 billones en fondos coparticipables. Para destrabar el conflicto, se eliminó la reducción de la alícuota de Ganancias para grandes empresas, que iba a bajar del 30% al 27%. Además, el Ejecutivo aceptó quitar el artículo 190, al reconocer que podía comprometer el equilibrio fiscal nacional.
En la negociación con la CGT, la central obrera logró mantener la denominada “cuota solidaria” por dos años, con un tope del 2% —cuando en algunos gremios hoy alcanza el 4%— y evitar la baja de las cargas patronales destinadas a obras sociales, que finalmente se mantendrán en el 6% y no en el 5% como proponía el proyecto original. Sin embargo, el Gobierno sostuvo la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y la obligación de pedir autorización a la patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo, dos puntos que generan fuerte rechazo sindical.
También hubo definiciones para el sector empresario. Se ratificó que los salarios deberán pagarse exclusivamente a través de bancos, dejando afuera a las billeteras virtuales. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá financiar despidos sin causa mediante aportes del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas. En caso de litigios, solo se computará el salario base para el cálculo indemnizatorio, excluyendo aguinaldos y vacaciones, y se habilita el pago en cuotas: hasta seis para grandes compañías y hasta doce para pymes.
La votación marcará un punto clave en la relación del Gobierno con gobernadores, gremios y el sector privado, en medio de un escenario económico delicado y con la calle como telón de fondo.
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