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La mesa de enlace provincial rechaza la creación de la junta Provincial de granos en Quequén

La Mesa de Enlace Provincial ha expresado su firme rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cree una “Junta Provincial de Granos” en el Puerto de Quequén, en el marco de la próxima expiración de la concesión del principal operador de granos del puerto, prevista para noviembre. Esta iniciativa ha generado preocupación en el sector productivo, que ve con recelo cualquier intervención gubernamental con fines recaudatorios.
La concesión actual del operador de granos, regulada por la ley 23.696 y el decreto 351/92, establece la necesidad de un proceso de licitación pública nacional e internacional para su renovación. Ante la falta de un nuevo llamado a licitación y con el vencimiento de la concesión acercándose, la Mesa de Enlace Provincial considera que, de no concretarse los pliegos de licitación a tiempo, la concesión actual debería ser prorrogada hasta que las condiciones estén debidamente definidas.
Jimena López, titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, manifestó que el Gobernador Axel Kicillof pretende conformar una empresa provincial para la comercialización de granos, mediante una licitación rápida. Esta propuesta ha sido interpretada por los productores como una política intervencionista y distorsiva que genera incertidumbre en un sector crucial para las exportaciones del país.
Aníbal Chilamberro, representante de la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Ayacucho, destacó la preocupación que genera esta posible intervención estatal en la comercialización de granos, señalando que no están claras las intenciones del gobierno provincial. En ese sentido, la Mesa de Enlace Provincial ha instado al gobernador a desistir de esta idea, que consideran perjudicial para el sector productivo y para la confianza en las políticas económicas del gobierno.
En conclusión, la Mesa de Enlace Provincial defiende la necesidad de un proceso de licitación transparente y consensuado, que respete las normas vigentes y que evite la intervención estatal en la comercialización de granos, garantizando así la estabilidad y confianza en el sector exportador.