La investigadora fue exonerada del organismo y quedó inhabilitada para trabajar en la Administración Pública Nacional. Su defensa cuestiona las acusaciones administrativas y sostiene que el proyecto internacional que coordinó en Argentina había sido conocido y aprobado por el propio INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decidió exonerar a Virginia Aparicio, científica argentina reconocida por sus investigaciones sobre la presencia de plaguicidas y sus posibles efectos en las personas y el ambiente.
La medida implica su desvinculación del organismo y una inhabilitación para desempeñarse en la Administración Pública Nacional. Según la investigadora y sectores de la comunidad científica, las acusaciones que derivaron en la sanción son de carácter administrativo y carecerían de fundamentos suficientes.
Una investigación internacional sobre agroquímicos
Aparicio coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea en la que participaron 11 países. Argentina fue el único país ubicado fuera de Europa que formó parte del estudio.
En el marco de la investigación se analizaron muestras provenientes de personas de distintos ámbitos rurales y urbanos. En Argentina participaron 73 personas de Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata, quienes aportaron muestras de sangre, orina y materia fecal.
Uno de los resultados que mayor repercusión generó fue la detección de glifosato en todas las muestras de materia fecal analizadas en Argentina dentro del estudio.
Además, los investigadores detectaron entre 2 y 10 plaguicidas en muestras de sangre, entre 6 y 13 en muestras de orina y hasta 18 plaguicidas en materia fecal.
También analizaron hogares y exposición cotidiana
El trabajo incluyó además el análisis de distintos elementos vinculados con la exposición cotidiana a plaguicidas. En el polvo de los hogares se llegaron a detectar hasta 86 plaguicidas, mientras que en alimentos se encontraron entre 6 y 22.
También se utilizaron pulseras destinadas a medir la exposición ambiental de las personas, donde se identificaron entre 7 y 53 plaguicidas, según las muestras analizadas.
La exoneración genera cuestionamientos
La decisión del INTA generó cuestionamientos entre sectores vinculados con la comunidad científica y ambiental. La propia Aparicio y su defensa sostienen que la medida tendría un trasfondo político y rechazan las acusaciones que fundamentaron la exoneración.
Desde la defensa de la investigadora también se plantea que el INTA conocía y había aprobado el proyecto SPRINT, por lo que cuestionan los argumentos utilizados posteriormente para sancionarla.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la investigación científica sobre el uso de agroquímicos en Argentina, sus posibles impactos ambientales y la situación de los investigadores que trabajan sobre una problemática que genera fuertes controversias.
La Voz y documentación oficial citada en la información fueron utilizados como fuentes para reconstruir el caso.
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