Luego de la presencia policial registrada durante el fin de semana, volvieron a aparecer situaciones vinculadas al ruido de motos y a conductas de tránsito que generan preocupación entre vecinos de Ayacucho. En este contexto, la Municipalidad informó que realizó una nueva denuncia penal ante el Departamento Judicial Dolores.
La presentación fue efectuada por la Municipalidad de Ayacucho, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, junto a la Policía Comunal, y está relacionada con hechos vinculados al tránsito, los ruidos molestos y posibles maniobras que puedan generar situaciones de peligro en la vía pública.
La denuncia se encuadra en el artículo 193 bis del Código Penal, una figura que contempla penas de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena para quienes creen una situación de peligro para la vida o la integridad física de otras personas mediante la participación en pruebas de velocidad o destreza con vehículos a motor realizadas sin autorización.
La misma normativa alcanza también a quienes organicen o promocionen este tipo de conductas, así como a quienes faciliten la realización de estas pruebas mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o bajo su custodia, cuando sepan que será utilizado con ese objetivo.
La nueva presentación judicial se produce luego de un fin de semana en el que se registró presencia policial ante situaciones relacionadas con motocicletas y ruidos molestos. Sin embargo, en las últimas horas volvieron a registrarse episodios que generaron preocupación entre vecinos.
Desde el Municipio señalaron que la medida forma parte de las acciones destinadas a combatir este tipo de situaciones que afectan la tranquilidad y la convivencia de los vecinos de la ciudad, especialmente cuando las conductas vinculadas al tránsito pueden representar un riesgo para terceros.
La denuncia ahora deberá ser analizada por la Justicia, que tendrá a su cargo la investigación de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades correspondientes.
El objetivo de las autoridades es avanzar por la vía judicial frente a aquellas conductas que excedan una infracción de tránsito y puedan configurar un delito, particularmente cuando exista peligro para la integridad física de otras personas.
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