El recurso ante la autoridad administrativa es el paso previo al reclamo judicial: si el organismo se niega a dar curso al pedido (tal como se estima que ocurrirá), el caso se judicializará.

El recurso fue presentado por el abogado Facundo Fernández Pastor, quien también patrocinó a la expresidenta en el reclamo iniciado en 2018, para recuperar la prestación que se le había dejado de abonar durante el gobierno de Mauricio Macri, dada una incompatibilidad dispuesta por ley para percibir dos asignaciones de privilegio a la vez. En el extenso escrito presentado hoy, se señala que la razón por la cual se dieron de baja las prestaciones es que existe una persecución contra la expresidenta.

La resolución 1092, se indica en los argumentos del “recurso de nulidad” presentado ante la Anses, “es un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”, que involucra a funcionarios de la Anses, del Ministerio de Capital Humano (del cual depende la Anses) “y al mismísimo presidente de la Nación”. Se indica, además, que la decisión es ilegal y autoritaria.

Según informó días atrás la Anses, este mes Cristina Kirchner cobró un monto bruto, entre ambas prestaciones, de $35.255.297, en tanto que el neto fue de $21.827.624. De los Heros afirmó, además, que la exfuncionaria declaró tener domicilio en Santa Cruz, lo cual derivó en el cobro de un adicional por zona austral por casi $6 millones.

En el recurso presentado se señala que la resolución de la Anses que dio de baja las asignaciones es “nula” y que tiene errores materiales. Se sostiene que el organismo “carece de competencias para suspender y/o revocar” los beneficios y que, en todo caso, las autoridades debieron haber recurrido a la Justicia para pedir la quita de los beneficios.

La resolución 1092 está basada en una interpretación de lo establecido por la ley 24.018, respecto de las motivos por los cuales un expresidente o exvicepresidente no debería cobrar las prestaciones especiales creadas por la misma normativa. La baja fue dispuesta al día siguiente de conocerse que la Cámara de Casación Penal Federal confirmó una sentencia en contra de Cristina Kirchner, por considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El artículo 29 de la ley 24.018 establece que las asignaciones no alcanzan a quienes “previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”. Esto no ocurrió en el caso de Cristina Kirchner y, por tanto, lo argumentado en la resolución de la Anses es que lo ocurrido en la Justicia llevó a evaluar la situación en particular, no prevista en el texto votado en su momento por el Poder Legislativo.

Se interpreta, entonces, que la condición dispuesta en el mencionado artículo está “atada a la premisa del buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación”. Y se concluye que la existencia de un hecho que mereció la condena de la Justicia y que significó un daño para las cuentas públicas, hace que no se cumpla con el requisito para gozar de la asignación vitalicia. (DIB)