Sin transporte rural: Una madre relata los desafíos que enfrentan junto a los docentes
En la localidad rural, partido de Ayacucho, crece la preocupación entre las familias por la persistente falta de transporte escolar. La situación afecta directamente a niñas y niños que, en muchos casos, no pueden asistir con regularidad a sus establecimientos educativos.
Una de las voces que puso rostro al problema fue la de Lara Cánepa, madre de dos hijos que asisten a instituciones rurales. En diálogo con Radio Ayacucho, relató las dificultades que enfrenta para garantizar que sus hijos reciban educación: “Llevo a los chicos una o dos veces por semana. Vivo a 35 kilómetros de la escuela, así que cuando los llevo, me quedo las cinco horas en el establecimiento para no hacer dos viajes diarios. Es un gasto enorme de tiempo y dinero”.
La falta de transporte escolar se ha vuelto un tema de debate en el distrito durante las últimas semanas. Si bien el Consejo Escolar reconoció el problema en una conferencia de prensa, todavía no se ha alcanzado una solución concreta ni se ha fijado una fecha cierta para la reanudación del servicio. Recientemente hubo reuniones para llegar a una negociación, junta, autoridades, etc. la ciudad de La Plata, pero no se ha difundido información algunas sobre funcionamiento. Incluso se desconoce si, en mayo, se habilitará el traslado.
El conflicto tiene un trasfondo de larga data. Según explicó Cánepa, la promesa del transporte escolar fue una de las condiciones al momento de mudarse al campo: “Cuando nos trasladamos desde otra zona rural, sabíamos que el transporte pasaba por nuestra tranquera. Fue clave para decidirnos. Sin ese servicio, los chicos están aislados”.
Esta madre no está sola en su reclamo. Otras familias de la zona están en la misma situación o incluso enfrentan distancias aún mayores: “Hay mamás que viven a 50 kilómetros. Algunas optaron por cambiar de escuela, aunque eso implique alterar completamente su organización familiar. Otras, como yo, tratamos de sostener como podemos”.
La falta de respuestas concretas por parte de las autoridades ha generado malestar e incertidumbre. “Presentamos toda la documentación en diciembre, como cada año: declaración jurada, recibos de sueldo, documentación de vehículos y viviendas. Pero cuando comienzan las clases, ellos recién empiezan a revisar los papeles. Es frustrante”, denunció.
La situación también afecta emocionalmente a los menores. “Mis hijos extrañan mucho ir a la escuela, ver a sus compañeros. No es solo lo académico; es también la socialización. En el campo están solos, sin amigos, sin maestras. No es lo mismo hacer tareas por WhatsApp que estar en clase”, explicó con evidente preocupación.
Algunas madres intentaron organizarse para turnarse en el traslado de los chicos, pero el intento fracasó por la falta de recursos y la desconfianza respecto a trasladar a menores ajenos. Incluso hay quienes, ante la falta de soluciones, barajan la posibilidad de retirar a sus hijos de las escuelas rurales para inscribirlos en otras instituciones con mejor accesibilidad.
La problemática también expone un fenómeno de concentración educativa: muchas escuelas rurales fueron cerradas en los últimos años, bajo la promesa de garantizar transporte hacia instituciones concentradoras como “La Constancia”, lo cual hoy no se cumple.
Lara destaca el esfuerzo de las docentes, quienes envían tareas, audios y explicaciones para paliar la situación. Pero reconoce que no alcanza: “La nena, que va al jardín, no logra seguir bien desde casa. Y mi hijo de primer grado, con esfuerzo, va aprendiendo, pero no es igual. Se están perdiendo contenidos clave y tiempo que no se recupera”.
Por ahora, las familias afectadas evalúan medidas como presentaciones formales, marchas o incluso trasladarse a La Plata en busca de respuestas definitivas. “Si para mayo no se soluciona, estamos considerando retirar a los chicos. No podemos esperar más. Necesitamos certezas”, concluyó Lara, reflejando el sentimiento de muchas otras familias del interior.
La comunidad educativa aguarda definiciones urgentes por parte del Consejo Escolar y las autoridades provinciales. Mientras tanto, los alumnos rurales siguen pagando el precio de la desidia burocrática.
