La fiscal Gabriela Baigún cerró hoy su alegato en el juicio por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ese caso pidió que a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, se lo condene a la pena de cuatro años de prisión. Lo consideró autor del delito de defraudación contra la administración pública.

Además solicitó para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de casi 16 millones de pesos.

El tramo final del alegato de la fiscal, que había comenzado el 15 de noviembre pasado, se focalizó en la cuantificación del pedido de pena formulado al Tribunal Oral Federal número seis, integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico, como magistrado suplente.

Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina pero ventajosas para ellos.

Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

La fiscal hoy agregó que: “No puede perderse de vista que, el porcentaje de material que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.