En un giro de los acontecimientos que ha mantenido a la opinión pública en vilo durante la última semana, la Justicia argentina ha decidido no detener al médico Aníbal Lotocki, en respuesta a la denuncia de tentativa de homicidio presentada por el artista uruguayo Raphael Dufort. Esta polémica solicitud de aprehensión había sido respaldada por el Fiscal Lucio Herrera, quien argumentó la gravedad de la denuncia y las imputaciones, aunque finalmente no encontró eco en el tribunal.

El caso de Aníbal Lotocki se hizo notorio tras la trágica muerte de la modelo Silvina Luna, que lo situó en el centro de un torbellino de críticas y acusaciones de mala praxis médica. A raíz de este escándalo, han surgido diversas denuncias en su contra, incluyendo la de Raphael Dufort, quien se sometió a una intervención quirúrgica con el médico en 2008 y ha alegado sufrir graves consecuencias desde entonces.

Raphael Dufort.

La decisión de la Justicia argentina llega una semana después de que Dufort recurriera a los tribunales para exigir la detención inmediata de Lotocki, en un intento por obtener justicia. Sin embargo, el juez a cargo del caso, Edmundo Rabbione, fundamentó su veredicto argumentando que la gravedad de las denuncias requería una rigurosa recolección y evaluación de pruebas antes de considerar la detención del acusado.

El Juez Rabbione destacó que la libertad de Lotocki no obstaculizaría la obtención de pruebas adicionales y afirmó que el médico siempre ha cumplido con sus obligaciones legales. En última instancia, concluyó que no existían riesgos procesales que justificaran una detención preventiva, y en consecuencia, rechazó las solicitudes de detención presentadas.

La denuncia de Raphael Dufort había planteado graves acusaciones, solicitando “la pena de reclusión o prisión perpetua en grado de tentativa”, específicamente haciendo referencia al agravante del artículo 79 que se refiere al homicidio en grado de tentativa. Dufort había argumentado que las condenas previas de Lotocki hacían imposible aplicar cualquier medida procesal alternativa a la prisión preventiva, subrayando su preocupación por la vida de las personas afectadas por las acciones del médico.