El Vaticano ratificó la culpabilidad de un sacerdote de la Diócesis de San Isidro en una causa por abuso de un menor y le impuso una prohibición perpetua para ejercer todo oficio eclesiástico, además de impedirle acercarse a menores. En caso de incumplir las sanciones, podría ser expulsado del estado clerical.
La decisión fue comunicada al obispo de la diócesis, monseñor Guillermo Caride, luego de que el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede rechazara la apelación presentada por el presbítero Damián Rodríguez Alcobendas (68).
El órgano vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote por un delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor, en el marco de un proceso administrativo penal canónico. La resolución ratifica las sanciones ya impuestas y refuerza las restricciones sobre su actividad religiosa.
Entre las penas establecidas se encuentra la prohibición perpetua de ejercer cualquier oficio eclesiástico, así como desempeñar funciones directivas o administrativas en parroquias, seminarios o institutos vinculados a la Iglesia. Tampoco podrá ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales ni asumir tutorías o asesoramiento de menores en ningún ámbito.
Además, se dispuso una prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. El decreto advierte que, si incumple las medidas, se aplicará la dimisión del estado clerical, es decir, la expulsión definitiva del sacerdocio.
Desde el Obispado de San Isidro expresaron cercanía con la víctima y reiteraron el compromiso institucional de acompañamiento y prevención frente a situaciones de abuso. En un comunicado, pidieron perdón por el daño causado y reafirmaron la disposición a escuchar y actuar con responsabilidad.
Rodríguez Alcobendas cuenta con más de cuatro décadas como sacerdote y desarrolló tareas pastorales en distintas parroquias del norte del conurbano bonaerense. En 2020 había tomado notoriedad pública durante la cuarentena por recorrer un barrio de Nordelta en una camioneta para bendecir viviendas durante Semana Santa.
La resolución del Vaticano marca un nuevo paso en la política de la Iglesia en relación con delitos graves cometidos por miembros del clero y refuerza las sanciones internas frente a denuncias por abuso.
