Durante la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ayacucho, realizada este jueves 14 de mayo, distintos bloques políticos expresaron preocupación por la compleja situación financiera que atraviesa la Asociación Pro Integración del Discapacitado Ayacucho (APIDDA), entidad responsable del hogar “Mi Casita”, un centro de día y un taller protegido.
Según se expuso en el recinto, la institución acumula una deuda superior a los 43 millones de pesos, situación que pone en riesgo la continuidad de prestaciones destinadas a personas con discapacidad y sectores vulnerables de la comunidad.
Más de $27 millones adeudados por Nación y $16 millones por IOMA
De acuerdo a la información presentada por los concejales, el mayor monto pendiente corresponde al Estado Nacional —a través de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— con aproximadamente 27,3 millones de pesos por prestaciones impagas entre noviembre de 2025 y abril de 2026.
A esto se suma una deuda cercana a los 16,2 millones de pesos atribuida a IOMA, correspondiente a pagos pendientes de febrero, marzo y abril de este año.
El escenario obligó recientemente al Departamento Ejecutivo Municipal a intervenir con asistencia económica extraordinaria para garantizar el pago de salarios al personal de la institución.
Preocupación por el impacto en personas con discapacidad
Desde los bloques de Acuerdo Cívico y Fuerza Patria señalaron que la reorganización del sistema nacional de discapacidad y la transferencia de funciones de la ex ANDIS al Ministerio de Salud habrían generado demoras administrativas en los pagos.
Durante el debate, se advirtió que la falta de financiamiento podría afectar directamente servicios esenciales que reciben personas con discapacidad en Ayacucho.
Diferencias políticas, pero respaldo unánime a APIDDA
Por su parte, concejales de La Libertad Avanza y el PRO indicaron que mantienen gestiones ante autoridades nacionales con el objetivo de destrabar los fondos adeudados. Además, sostuvieron que parte de las demoras responderían a procesos de auditoría sobre recursos y prestaciones heredadas de administraciones anteriores.
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