Ayacucho: entre la creciente ola de robos y la ausencia de respuestas oficiales

La ciudad de Ayacucho atraviesa en los últimos días un escenario que preocupa a buena parte de la comunidad: una sucesión de robos y sustracciones en distintos puntos de la localidad que parecen marcar un incremento en los hechos de inseguridad. ¿Se trata de un patrón organizado? ¿Son hechos aislados que se potencian por la falta de esclarecimientos judiciales? Lo cierto es que cada episodio que trasciende genera nuevas preguntas y pocas respuestas oficiales.

Los casos se repiten en domicilios, comercios y vehículos. Desde motocicletas sustraídas en la vía pública hasta elementos robados dentro de autos estacionados, pasando por locales violentados en horas de la madrugada. El último hecho conocido ocurrió en la mañana de este sábado, cuando un comerciante de rubro gastronómico, en la intersección de Avenida Solanet y Acceso Perón, descubrió que el vidrio de su local había sido violentado y que faltaba mercadería. Lo llamativo es que la zona cuenta con cámaras de monitoreo urbano, lo que abre la expectativa de que estas imágenes puedan servir como prueba.

No es la primera vez que ese sector de la ciudad queda en el centro de la escena. A escasos metros, semanas atrás, una motocicleta fue robada sin que hasta el momento se conozcan avances significativos en la investigación. ¿Por qué se repiten hechos en una misma zona? ¿Existen recorridas preventivas en horarios críticos? Son interrogantes que los vecinos plantean en voz alta y que, al parecer, aún no encuentran eco en las autoridades.

Un aspecto llamativo es el rol que hoy cumplen las redes sociales: allí son los propios ciudadanos quienes informan lo sucedido, difunden imágenes, piden ayuda y buscan recuperar lo robado. Ese circuito comunitario suplanta muchas veces la comunicación oficial, que permanece en silencio o con respuestas parciales. ¿Es lógico que la ciudadanía tenga que autogestionar la información en materia de seguridad? ¿Qué implica para la confianza en las instituciones?

Algunas versiones señalan que detrás de estos hechos podría haber un componente ligado al consumo problemático de drogas. Fuentes extraoficiales indicaron que ciertos grupos podrían delinquir en busca de obtener dinero rápido para acceder a sustancias ilícitas, particularmente cocaína, en ciertas fechas. ¿Es posible hablar de un mercado local de narcóticos que opera en la sombra, sin controles efectivos?

Los últimos allanamientos en la ciudad, realizados en el marco de investigaciones por drogas ilícitas, derivaron en el secuestro de marihuana, pero no de cocaína, que según distintos testimonios sería una de las sustancias más presentes en la calle. Sin embargo, no existen campañas de prevención sostenidas ni un debate serio sobre cómo abordar esta problemática en Ayacucho. ¿Se trata de un tema invisibilizado de manera intencional? ¿Hay una decisión política de no enfrentar una realidad incómoda?

A este panorama se suma la falta de personal policial. Los efectivos locales han logrado avances en investigaciones, especialmente con el secuestro de motocicletas con pedido de captura. No obstante, aún no se identificaron los responsables materiales de los robos que afectan a distintos barrios. Según trascendió, desde el Departamento Judicial de Dolores no siempre se otorgan las medidas procesales necesarias para avanzar, lo que genera frustración en la fuerza y una sensación de parálisis en la ciudadanía.

Dentro del Estado Municipal también aparece otro punto de debate que no es menor. Según distintas fuentes políticas y sociales, existiría una decisión de no promover la creación de un foro de seguridad, como tampoco de establecer una Secretaría de Seguridad ni una figura visible de un secretario responsable en la materia. Todo estaría ligado a la baja estadística de inseguridad, de casos denunciados.

El municipio, en este sentido, se ha desligado casi por completo de la problemática, trasladando a la Policía Bonaerense la responsabilidad absoluta de atender cada episodio. La falta de un trabajo articulado entre el poder político local y la fuerza de seguridad deja en evidencia falencias estructurales. Si bien se han registrado reuniones puntuales y cierta voluntad de diálogo, no se observan planes de acción profundos ni un impulso concreto para alentar a los vecinos a denunciar, en un contexto donde cada vez menos damnificados deciden presentarse ante la justicia por desconfianza hacia el sistema judicial, por la ausencia de avances en las investigaciones y por la sensación de sentirse solos. A ello se suma que las investigaciones de distintas delegaciones no siempre han mostrado la eficacia esperada, lo que refuerza la desilusión ciudadana.

En paralelo, el Centro de Monitoreo ha sido históricamente objeto de críticas desde sectores policiales, que sostienen que no se actúa de manera adecuada ante los registros de las cámaras. Desde el municipio, en cambio, se asegura que el sistema funciona correctamente y que existe la decisión de no incorporar personal policial en la supervisión de las cámaras, bajo el argumento de que de esa manera se evita que la propia policía controle sus actuaciones y que, por el contrario, sea el Estado Municipal quien pueda supervisar y tomar medidas frente a episodios irregulares.

El resultado de esta combinación es claro: una comunidad que percibe que los delitos aumentan, que no se esclarecen y que, además, carece de políticas preventivas. El ciudadano de a pie se pregunta, con razón, si su comercio, su vehículo o incluso su propia vivienda podrían ser los próximos objetivos.

La seguridad no puede quedar reducida a la estadística ni al comentario de redes sociales. Requiere presencia estatal, articulación judicial y políticas integrales que aborden no solo el delito, sino también sus causas. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una dinámica en la que el vecino se entera de los robos por Facebook antes que por un parte oficial? ¿Qué rol cumplen las autoridades locales, provinciales y judiciales en este escenario?

Ayacucho, ciudad con tradición de tranquilidad y vida comunitaria, enfrenta el desafío de no acostumbrarse a la inseguridad. Cada robo no resuelto, cada denuncia sin respuesta, cada operativo sin resultados concretos, va erosionando el tejido social. Tal vez la pregunta central que deba hacerse la comunidad y sus autoridades es si se está dispuesta a encarar el problema en toda su dimensión, o si se continuará conviviendo con una inseguridad que, de seguir sin respuestas, puede dejar de ser esporádica para convertirse en parte del paisaje cotidiano.