La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de Estados Unidos, Loretta Preska, ordenó nuevamente la entrega de mails, chats de Whatsapp y otras comunicaciones de los principales funcionarios de los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández, en el marco del proceso judicial por la estatización de YPF.

Se trata de un pedido que había formulado en septiembre pasado, en medio del objetivo de agilizar el embargo que reclaman los fondos que demandaron a la Argentina por aquella expropiación.

La justicia norteamericana busca recopilar distinto tipo de información. Desde mensajes personales, correos electrónicos oficiales y personales, además de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El objetivo de este proceso es demostrar que el Estado y la petrolera “son lo mismo”.

os beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders y especialista en los litigios contra la Argentina en el exterior.

“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, añadió.

Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa; el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.

El Gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud.

Sin embargo, Burford y Eton Park presentaron argumentos detallados sobre el rol de cada funcionario. En el caso de los Caputo, sostienen que el actual ministro de Economía “gestiona los intereses de la República en YPF”. Y respecto de Santiago Caputo, afirman que es uno de los colaboradores más cercanos al Presidente y que “administra el presupuesto de publicidad de YPF a través de [el actual vicepresidente de Asuntos Corporativos, Marketing y Comunicaciones de la petrolera] Guillermo Garat”.

La jueza Preska también fijó una nueva audiencia para seguir con este tema para el próximo miércoles 6 de agosto.

La defensa argentina ya se había comprometido ayer a entregar información relacionada con la privatización de empresas estatales a los beneficiarios del fallo YPF, como parte del proceso de discovery de activos que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia.