La Justicia federal de San Martín ordenó un allanamiento en la Clínica Santa María de la localidad de Villa Ballester, luego de conocerse el caso de una niña de 12 años que, tras un abuso, era atendida por su embarazo en ese centro de salud, donde además habría interrumpido la gestación tal como indica la ley.
Al reportarse la búsqueda de la niña, que no había asistido al centro de salud, comenzaron las investigaciones. En el operativo, la Policía encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos, dos de ellos con signos de desmembramiento.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires explicaron que se realizó en el sanatorio un operativo en búsqueda de información administrativa. En principio, en esa línea, desde la cartera sanitaria aseguraron: “La clínica tenía todo en orden y sus procedimientos son legales”.
Asimismo, indicaron que se registraron infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, entre otras, a las que se les otorgó un plazo para su resolución, tal como indica la normativa. Sin embargo, estas faltas no constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento.
Del mismo modo, aclararon que según la Ley 27.610, hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Aún así, a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales de salud, riesgo de vida o violación, sin límite de edad gestacional.
En cuanto a los residuos patogénicos, fueron dispensados correctamente en bolsas pero que la recolección aún no había pasado.
Tres jurisdicciones
El operativo se realizó después de que el director del establecimiento dijera que la menor embarazada de ocho meses no asistió a la clínica y comenzara la búsqueda, ya que es oriunda de Santiago del Estero y llegó a Buenos Aires con su madre a través de una ONG.
Ahora, la Justicia investiga si la ONG que contactó a la familia entorpeció la investigación o si se trata de una organización vinculada a la trata de personas.
El caso involucra a tres jurisdicciones: la Justicia federal de Tres de Febrero investiga el accionar de la ONG; la Justicia provincial de San Martín analiza el hallazgo de los fetos y si las interrupciones del embarazo fueron legales; y la Justicia de Santiago del Estero sigue adelante con la causa por abuso sexual y la búsqueda de los prófugos.
Fuente: Agencia DIB
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