El bloque oficialista denunció adulteración de documentos públicos en el Concejo Deliberante

Durante la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ayacucho, la concejal Florencia Eguilor denunció públicamente una grave irregularidad institucional. Según expuso, la Concejal de Union por la Patria Sandra Divasson, habría adulterado un documento oficial correspondiente a la Comisión de Asuntos Legislativos, hecho que calificó como alarmante y perjudicial para la confianza pública.

La situación, que habría ocurrido minutos antes del inicio de una reunión de comisión, consistió en la incorporación de una firma fuera de tiempo y forma legal, además de la inclusión de un acta no registrada previamente en el libro oficial. Eguilor cuestionó la legitimidad de esta acción, señalando que atenta directamente contra los principios básicos de transparencia y legalidad que deben regir en todo cuerpo legislativo.

“Nos debemos a nuestros vecinos y debemos predicar con el ejemplo”, afirmó la edil, al tiempo que remarcó la necesidad de mantener la coherencia entre el discurso y las acciones. En su intervención, advirtió que el adulterar documentación pública constituye un delito y afecta seriamente la legitimidad del Concejo como institución democrática.

El bloque oficialista, del cual Eguilor forma parte, solicitó que se notifique por escrito a la edil involucrada, para que el hecho quede debidamente asentado y se tomen medidas preventivas en futuras actuaciones.

La concejal Sandra Divasón, aludida por los cuestionamientos, respondió en la misma sesión a las acusaciones vinculadas con la firma y modificación de despachos fuera de los procedimientos reglamentarios. En su defensa, negó haber cometido un delito y consideró que la situación estaba siendo politizada y exagerada. Además, que ella firmó en disconformidad.

Entre sus dichos más relevantes:

• Cuestionó el uso partidario del reglamento: señaló que algunas concejalas lo “levantan cuando les conviene” y sostuvo que “la ley es para todos por igual”.
• Rechazó la acusación de adulteración de documentos: afirmó que lo que hizo fue agregar su firma a un despacho que consideraba acorde, práctica que —según ella— no debería ser motivo de escándalo.
• Justificó su accionar como parte de su rol institucional: declaró que representa a un bloque y que muchas veces firma despachos en los que no está totalmente de acuerdo, pero lo hace por consenso interno del espacio político que integra.

• Además, ironizó sobre las críticas recibidas, diciendo que “celebraba” que el oficialismo trabajara, pero cuestionó que muchos despachos “ya llegaran firmados” desde el Ejecutivo, lo que —en sus palabras— convertía a la comisión en una “escribanía” más que en un espacio de debate legislativo.
• Finalmente, remarcó que no se considera responsable de ningún delito y que espera las notificaciones formales si así lo consideran necesarias.

En síntesis, Divasón se defendió asegurando haber actuado con transparencia, sostuvo que el hecho fue exagerado con fines políticos y pidió que se apliquen las mismas reglas para todos dentro del Concejo Deliberante.