El Gobierno de Javier Milei derogó artículos clave de las leyes de educación vial y prevención de la violencia de género para las escuelas. Esto implica la eliminación de obligaciones y organismos que, desde el Ejecutivo, no consideran necesarios en el marco de la actual estructura estatal y la distribución de competencias entre la Nación y las provincias.
A través del Decreto 436/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se elimina el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. La decisión afecta directamente a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y a organismos como el Observatorio de la Educación Vial, que queda disuelto.
Según el texto oficial, la coexistencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”.
La medida se apoya en las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
El decreto sostiene que la derogación de los artículos mencionados permitirá “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Para el caso de la Ley 27.234, que establecía la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en los establecimientos educativos del país, la decisión señala “una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”.
En enero pasado, el Gobierno inició un proceso de revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral que se darán en las escuelas. La tarea está en manos del Ministerio de Capital Humano con le objetivo de garantizar su adecuación a la normativa vigente en la materia.
Respecto a la Ley 27.214, el Observatorio de la Educación Vial nunca llegó a funcionar, según el propio decreto. El Ejecutivo considera que su existencia, junto al Consejo Federal de Seguridad Vial, implicaba una duplicación de estructuras y funciones.
El decreto también remite la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos de delegación legislativa. El artículo 4° del decreto ordena: “Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación”. (DIB)
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