En el marco de la crisis por la falta de transporte escolar en el partido de Ayacucho, las autoridades del Consejo Escolar denunciaron una situación alarmante que afecta a las familias rurales. Según explicaron los consejeros en una entrevista en fm 95, existen casos de propietarios de campos que mantienen las tranqueras cerradas para evitar que los hijos de sus empleados salgan de los establecimientos y asistan a clases.
Denuncias y represalias laborales
El conflicto escaló a niveles críticos cuando el Consejo intentó intervenir para garantizar el acceso a la educación. La presidenta del cuerpo, Yanina Baldini, relató que tras actuar frente a uno de estos casos, la consecuencia fue drástica para los trabajadores involucrados. “Hubo una intervención, pero lamentablemente esos empleados fueron echados de su lugar de trabajo“, confirmó la funcionaria.
Estas situaciones, de las cuales las autoridades afirman conocer “nombre y apellido” de los responsables.
Conflictos por el horario laboral
Otro punto de fricción es el tiempo que demanda el traslado de los alumnos ante la ausencia de las “combis” escolares. Además, señalaron que algunos dueños de establecimientos manifestaron su malestar porque los trabajadores deben interrumpir su jornada para llevar a los niños a la escuela.
“El propietario dice: ‘Ah, no, pero tiene que salir a llevar al nene'”, explicaron, detallando un caso donde, incluso tras gestionarse fondos especiales para el traslado, el empleador se opuso por la supuesta pérdida de horas de trabajo.
Límites institucionales y falta de soluciones
Desde el Consejo Escolar aclararon que no tienen competencia directa para actuar en conflictos privados entre patrones y empleados, por lo que derivaron los casos a las dependencias de educación correspondientes para su abordaje. Hasta el momento no se confirma que exista una denuncia penal por lo sucedido.
Impacto y estado actual
Actualmente, la comunidad educativa busca estrategias para que los alumnos no pierdan la continuidad pedagógica, especialmente en el nivel secundario. Las autoridades locales insisten en que la solución debe ser comunitaria e integral, involucrando al municipio, la provincia y a los referentes rurales para evitar que el derecho a la educación quede supeditado a decisiones de algunos propietarios de los campos
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