El Gobierno nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que impulsa la privatización de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales y avanza hacia un esquema que, en total, abarcará cerca de 9.000 kilómetros en todo el país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, y contempla corredores que atraviesan la provincia de Buenos Aires, entre ellos las rutas 3, 5, 226 y 205.
La convocatoria, de alcance nacional e internacional, apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los tramos incluidos en esta segunda etapa. En conjunto, suman 1.872 kilómetros que serán concesionados al sector privado, utilizados tanto por residentes como por el transporte productivo y agropecuario.
El primer trayecto licitado será el Tramo Sur Atlántico Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que integra las rutas nacionales 3 (615 km), 205 (254 km), 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas. El segundo corresponde al Tramo Pampa, que abarca 547 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa, beneficiando a localidades como Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini.
Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar los contratos de concesión, asegurando su cumplimiento y procurando mejoras en la infraestructura vial. El nuevo sistema no contará con subsidios estatales, un cambio que el Gobierno considera un avance, aunque sectores productivos y vecinos mantienen reclamos por el deterioro generalizado de las rutas.
La licitación de la Etapa II se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I, que comprende 741 kilómetros de corredores del Litoral, incluyendo las rutas nacionales 12 y 14, y los accesos al puente Rosario–Victoria. El proceso, inicialmente previsto para diciembre del año pasado, debió posponerse por el contexto económico.
Según datos oficiales, el Gobierno de Javier Milei busca concesionar alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, equivalentes al 20% de la red vial, pero que concentran el 80% del tránsito. Esta política retoma el modelo de los años noventa, cuando la administración de Carlos Menem impulsó la privatización de unos 8.000 kilómetros mediante sistemas de peaje, un esquema que luego fue modificado por el descontento de los usuarios ante la falta de mejoras significativas.
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