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El municipio de Ayacucho deberá pagar 40 millones de pesos por una mala administración en un terreno
Se trata de un acuerdo entre el Municipio y las herederas de la familia Lorenzo. La situación se originó durante el Gobierno de Pablo Zubaiurre.
Durante la 8ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ayacucho, se aprobó un nuevo convenio extrajudicial mediante el cual la Municipalidad deberá abonar 40 millones de pesos a dos vecinas de la ciudad. El acuerdo surge como solución a un conflicto de larga data por la ocupación indebida de un terreno que había sido erróneamente registrado a nombre del municipio.
El caso se originó en el año 2012, cuando la comuna firmó un comodato con el entonces propietario del predio, ubicado en el barrio Feria, donde posteriormente se construyó una sala de salud. Sin embargo, con el fallecimiento del dueño original, sus herederas constataron que la propiedad había sido registrada por prescripción administrativa a favor del municipio, sin haberse respetado debidamente el convenio firmado.
(CAPS Néstor C. Kirchner)
Santa Cruz y Gómez, donde de realizó la sala de salud.
Tras múltiples reclamos administrativos y una denuncia penal que fue desestimada, las herederas advirtieron que podrían iniciar una demanda en el fuero contencioso-administrativo, lo que podría haber generado costos aún mayores para el Estado local. Ante este escenario, el municipio optó por alcanzar un acuerdo económico.
El convenio contempla el pago de 40 millones de pesos y la regularización de la titularidad de la vivienda construida para una familiar directa del propietario original.
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Concejales de la oposición advirtieron que no se trata de un caso aislado y reclamaron mayor responsabilidad de los funcionarios municipales. “Seguimos pagando con dinero de los vecinos los errores de gestiones anteriores y actuales”, expresaron.
El oficialismo reconoció la existencia del error, calificándolo como “grave” y “evitable”, aunque negó que se tratara de un acto doloso. El bloque argumentó que el convenio es la mejor opción para evitar una pérdida aún mayor en un eventual litigio judicial.