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El Municipio de Ayacucho perdió un juicio y deberá pagar 200 millones de pesos

La Municipalidad de Ayacucho enfrenta un fallo judicial adverso en un litigio por 111 hectáreas ubicadas en Udaquiola, iniciado en 2013. Según lo informado por el intendente Emilio Cordonnier, la sentencia ratifica la titularidad de las tierras a favor del ocupante original, implicando una erogación cercana a los $200 millones por parte del municipio.

El caso tiene su origen en la década de 1960, cuando la Provincia de Buenos Aires expropió el terreno al propietario original, pero nunca tomó posesión efectiva. En 1988, el Estado provincial transfirió las tierras al municipio de Ayacucho, que tampoco procedió a ocuparlas. Esto permitió que el antiguo propietario mantuviera la posesión, lo que fue central en la resolución judicial.

La justicia determinó que el propietario ocupó, usufructuó y mantuvo las tierras entre 1980 y 2000, demostrando un uso continuo por más de 20 años, requisito clave para la titularidad. La sentencia es clara: el propietario tiene derecho sobre el terreno porque el Estado nunca lo ocupó“, explicó Cordonnier.

El intendente destacó que el municipio ya destinó una partida presupuestaria específica para afrontar este pago, aunque aún se espera la regulación de honorarios legales. “Estamos hablando de un juicio que implica alrededor de $200 millones, un monto significativo que podría haberse destinado a obras como pavimentación o infraestructura urbana“, subrayó.

Cordonnier reflexionó sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en este tipo de situaciones, remarcando que la desidia administrativa atraviesa décadas y gestiones de distintos signos políticos. “Desde la expropiación en los 60 hasta hoy, ningún gobierno, ni provincial ni municipal, actuó para tomar posesión del terreno. Esto pone en evidencia cómo la falta de acción puede derivar en grandes pérdidas para la comunidad“, lamentó.

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Finalmente, Cordonnier enfatizó la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración de los recursos públicos. “Este juicio no solo nos obliga a pagar una suma millonaria, sino que también nos recuerda que las decisiones tomadas hoy tienen consecuencias que trascienden a los gobiernos y afectan a toda la comunidad. Es un llamado a pensar más allá de lo inmediato“, concluyó.

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