Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – La Justicia de Garantías de San Isidro quedó a cargo de investigar la denuncia del dirigente social Juan Grabois por presuntas amenazas, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera un planteo de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial.
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Corte Suprema define la competencia
Según la presentación realizada por el exprecandidato presidencial, en abril de 2023 dos presuntos policías bonaerenses se acercaron a su vivienda de Villa Adelina por una supuesta denuncia anónima sobre delitos cometidos contra menores. Como en ese momento no había nadie en el domicilio, una vecina se acercó al escuchar los golpes y gritos de los efectivos para indagar el motivo del procedimiento.
Grabois aseguró que posteriormente intentó obtener información sobre lo sucedido, pero que no consiguió ninguna explicación oficial: relató que “nadie supo decirme qué fue lo que efectivamente sucedió”. En ese contexto, presentó la denuncia ante el Juzgado Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la causa en la que actúa como querellante contra la agrupación Revolución Federal. También señaló que recibió una citación para que su hijo menor de edad se presentara ante el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Juzgado de San Isidro a cargo de la pesquisa
Tanto la fiscalía como el juzgado federal evaluaron que no había elementos que vincularan lo ocurrido con actividades de Revolución Federal y remitieron el expediente a la justicia de San Isidro. Sin embargo, el magistrado provincial consideró la derivación prematura y sostuvo que las circunstancias de los hechos aún no estaban suficientemente esclarecidas.KgJHgAABB1EAADLOD44AAQ
El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que el caso debía tramitar en la justicia bonaerense. Argumentó que la competencia territorial corresponde al lugar donde se habría cometido el delito y que, según los elementos disponibles, la supuesta falsa denuncia se efectuó en Villa Adelina. También remarcó que no aparecían razones para justificar la intervención federal.
En línea con esa postura, los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que la causa deberá continuar en el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que ahora tendrá a su cargo la investigación del episodio.
Vía: Noticias Argentinas Rss.
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