María Eugenia Bordagaray, integrante de La Asamblea Verde, una organización de vecinos comprometidos con un ambiente saludable, ha revelado la preocupante situación que se vive en Ayacucho con respecto al uso de agroquímicos y su impacto en la salud y el medio ambiente. Según Bordagaray, la situación actual es igual o incluso peor que antes de la implementación de una ordenanza al respecto.
La ordenanza, impulsada por el sector empresarial y las corporaciones agropecuarias con delegaciones en Ayacucho, establecía la prohibición de fumigar a una distancia de 100 metros de escuelas y cursos de agua. Sin embargo, dejaba a los pueblos rurales en una situación compleja al no definir claramente los límites de ordenamiento. Esta falta de definición ha tenido un impacto mayor en la población rural en comparación con áreas donde se respetan los 100 metros de distancia.
Lamentablemente, la ordenanza no ha sido reglamentada debido a la falta de definición del ordenamiento territorial en los pueblos rurales. Como consecuencia, el municipio de Ayacucho no está tomando denuncias sobre fumigaciones ilegales que incumplen la ordenanza, argumentando la ausencia de un organismo de control. Esto significa que cualquier persona puede llevar a cabo fumigaciones en cualquier lugar de Ayacucho sin enfrentar consecuencias legales.
A pesar de esta situación desalentadora, en los últimos tres años grupos como La Asamblea Verde han logrado generar conciencia sobre el problema de los agroquímicos y su impacto en la salud y el medio ambiente. Aunque el municipio no esté atendiendo las denuncias, se está exigiendo al Ministerio de Desarrollo Agrario un control más estricto del cumplimiento de la ley de agroquímicos Nº 10.699, que implica que cualquier persona sea productor o fumigador que esté utilizando agroquimicos en su campo tenga la receta agronomica en la que dice que tipo de productos está aplicando y bajo que condiciones ambientales. Esta ley provincial prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 2000 metros de zonas pobladas.
Como resultado de estas demandas, han comenzado a presentarse denuncias en Ayacucho exigiendo el cumplimiento de la ley, y desde la provincia de Buenos Aires ya están llegando las primeras multas a productores y propietarios de empresas fumigadoras que violan la normativa. Aunque estas denuncias tienen un carácter administrativo y las sanciones económicas son relativamente bajas, se considera un pequeño triunfo el hecho de comenzar a reclamar y lograr una mayor presencia del Estado Provincial en este asunto.
La Asamblea Verde está colaborando con grupos de investigación de la Universidad Mar del Plata en estudios que analizan la presencia de agroquímicos en muestras de sangre, orina y tejidos de las personas. Es probable que la zona de Ayacucho y Tandil también sean objeto de estudio, actualmente se esta terminando los estudios en Balcarce, Sierras de los Padres, Mar del Plata, Mar Chiquita. Estos avances en la investigación permiten tener un conocimiento efectivo sobre la presencia de agroquímicos en el aire que respiramos, tanto en áreas urbanas como rurales y en el cuerpo de las personas.
La preocupación de las personas involucradas ha logrado que algunos productores que antes actuaban impunemente, fumigando sobre viviendas rurales, urbanas y en lugares prohibidos, comiencen a sentirse observados por una sociedad despierta que no permite que estos abusos continúen. Tal como se vio unas semanas atrás en la Plaza Norte de nuestra ciudad cuando un empleado municipal uso aparentemente glisofato para quemar el pasto antes de cortarlo y los vecinos rápidamente sacaron fotos y lo hicieron público viéndolo como un problema. Asimismo, algunas comunidades rurales están organizándose para analizar el agua que consumen, ya que en lugares como Solanet se encontraron altas concentraciones de agroquímicos, lo cual mantiene a la comunidad en constante preocupación.
El 21 de junio se publicará un informe científico elaborado por diversas agencias de investigación de distintos estados del mundo, en el cual Argentina participa activamente. La doctora Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y CONICET, encabeza el equipo en Argentina, encargado de analizar las muestras de agua en respuesta a las solicitudes de las comunidades, incluyendo la participación de La Asamblea Verde. Según se ha adelantado, el cien por cien de las muestras analizadas en personas que viven en territorio argentino, tanto en áreas urbanas como rurales o periurbanas, así como en quienes trabajan en la producción, arrojan la presencia de productos prohibidos.
Ante esta situación alarmante, La Asamblea Verde está haciendo un llamado para que se promulgue una nueva ordenanza que establezca una distancia de 1000 metros de cualquier tipo de poblamiento, ya sea en zonas rurales o urbanas, y que prohíba las fumigaciones aéreas. Además, se busca la creación de una mesa intersectorial que supervise la situación en términos de salud y medio ambiente, evaluando las consecuencias y buscando mejoras. Se impulsa también la agroecología como una estrategia para abandonar la agricultura convencional.
La lucha de La Asamblea Verde y otras organizaciones similares refleja la necesidad urgente de proteger la salud de la población y el medio ambiente de los peligrosos efectos de los agroquímicos. Es responsabilidad de los gobiernos y las autoridades actuar de manera efectiva y responsable para garantizar el bienestar de todos los habitantes.
