La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) reclamó la implementación de un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $2.879.877 y cuestionó la situación salarial de los trabajadores de la educación, al considerar que los ingresos actuales mantienen a gran parte de la docencia en condiciones de pobreza e indigencia.
Desde la entidad señalaron que la paritaria docente provincial debe contemplar necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte, vestimenta, atención sanitaria, educación, cultura, esparcimiento y previsión, y no limitarse a acuerdos porcentuales que, según sostienen, parten de salarios históricamente bajos.
La organización atribuyó la actual situación a la falta de reapertura de la negociación salarial luego del acuerdo alcanzado el 6 de marzo. Según indicaron, los salarios percibidos en junio son insuficientes frente al costo de vida actual.
De acuerdo con datos difundidos por la Comisión Técnica Salarial del frente gremial, los haberes correspondientes a junio se ubican en $326.816 para el salario básico docente, $528.219 para profesores, $701.403 para preceptores y $821.353 para maestros de grado e inicial.
Además, cuestionaron que los incrementos salariales se calculen sobre los salarios de enero de 2026 y remarcaron que conceptos abonados fuera del salario básico, como el incentivo docente de $28.700 por cargo, no forman parte del sueldo en blanco.
La Asociación de Maestros sostiene que la Provincia de Buenos Aires cuenta con recursos suficientes para afrontar una mejora salarial debido a su peso en la producción agropecuaria, industrial y energética del país. En ese sentido, argumentaron que los bajos salarios responden a una decisión política de ajuste sobre los trabajadores de la educación y a una distribución desigual de la riqueza generada en el territorio bonaerense.
La propuesta gremial plantea que la totalidad del salario docente sea remunerativa y se incorpore al básico, respetando los principios establecidos en el Estatuto Docente y garantizando la equiparación salarial para quienes desempeñan la misma tarea.
Asimismo, recordaron que el reclamo cuenta, según su interpretación, con respaldo constitucional a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de la legislación laboral vigente.
La cifra de $2.879.877 surge de la canasta familiar informada por el INDEC para mayo de 2026, valor que la entidad considera como referencia para establecer un salario que permita cubrir las necesidades de una familia trabajadora.
Finalmente, el secretario general Claudio Vigne y la secretaria general adjunta Liliana Mariño ratificaron la continuidad del plan de lucha docente durante 2026 y resumieron el reclamo con una consigna: “Queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”.
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